La Fiscalía de Estambul ha ordenado este martes la detención por supuesto golpismo del destacado activista por los derechos civiles Osman Kavala, horas después de que un tribunal lo absolviera del "intento de derrocar al Gobierno" en relación a unas protestas antigubernamentales ocurridas en 2013.

Kavala permanecía en prisión preventiva desde octubre de 2017 por la acusación de ser el "instigador y líder" de las masivas protestas populares de 2013 en el parque Gezi de Estambul, que se iniciaron por una manifestación ecologista pero rápidamente se convirtieron en una denuncia del creciente autoritarismo del Gobierno islamista turco. Este casoy el de Jordi Cuixart son muy parecidos, ya que ambos son empresarios y han sido acusados y han pasado dos años en prisión preventiva por delitos similares, uno acusado de rebelión y el otro de intentar derrocar al Gobierno.

Kavala era el único de los dieciséis acusados que permanecía en prisión preventiva, de los cuáles nueve han sido absueltos aquest dimarst de todos los cargos por un tribunal turco. Antes de que el activista turco saliera de prisión, el fiscal jefe de Estambul ha ordenado de nuevo su arresto por la supuesta relación del activista con una causa distinta, el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016. "Sobre Kavala, cuya liberación se decidió al final del juicio, la orden de detención se tomó (...) por intento de destruir el orden constitucional, debido a otra investigación de la oficina del fiscal principal relacionada con el intento de golpe del 15 de julio", indica el escrito de la Fiscalía.

Ömer Kavili, un abogado de derechos humanos presente en el juicio, ha declarado a Efe que la nueva detención de Kavala "significa burlarse de la ley y la justicia. Dicen que hay otra investigación y lo detienen por otro caso. Esto le da al fiscal la oportunidad de mantenerlo en prisión por una semana. Luego pueden decretar prisión preventiva".

Los abogados del caso Gezi habían denunciado durante el juicio numerosas irregularidades y habían destacado que la acusación carecía totalmente de pruebas y que incluso se utilizaba el testimonio de un testigo que se declaró mentalmente inestable.

El fiscal había pedido cadena perpetua para tres acusados, entre ellos Osman Kavala, y penas de entre 15 y 20 años de cárcel para los demás por colaboración en el mismo delito. En diciembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) pidió la liberación inmediata de Osman Kavala, argumentando que no había evidencias suficientes en su contra.