El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, han enviado una carta conjunta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que piden que se revise de manera urgente si Israel está cumpliendo con su acuerdo de asociación con la Unión Europea. De hecho, ponen su foco en los derechos humanos y solicitan que, si no cumple el acuerdo de asociación, se propongan medidas adecuadas. Ambos apuntan a que esta petición se realiza en el contexto de riesgo de catástrofe humanitaria aún mayor después de la amenaza inminente de operaciones militares israelíes en Rafah y teniendo en cuenta lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Gaza desde octubre de 2023, incluida la preocupación generalizada por las posibles infracciones del Derecho Internacional Humanitario.
Si la Comisión estimara que se está incumpliendo el acuerdo e hiciera alguna propuesta, esta se podría tratar en la cumbre de líderes europeos prevista en Bruselas para los próximos 21 y 22 de marzo, según han indicado fuentes del Gobierno. Ambos presidentes piden, además, no perder de vista la imperiosa necesidad de una perspectiva política para acabar con el conflicto y apuestan por la aplicación de la solución de los dos estados como única forma de garantizar que este ciclo de violencia no se repita. La UE, según detalla el texto, tiene la responsabilidad de actuar para que eso sea una realidad, en coordinación con las partes y la comunidad internacional, incluso mediante una conferencia internacional de paz, como acordó el Consejo Europeo el 26 de octubre.
Preocupados por la situación en Gaza
Sánchez y Varadkar se declaran profundamente preocupados por el deterioro de la situación en Israel y en Gaza, especialmente por el impacto que el conflicto está teniendo sobre palestinos inocentes, especialmente niños y mujeres. La ampliación de la operación militar israelí en la zona de Rafah supone, dicen, una amenaza grave e inminente, que la comunidad internacional tiene que afrontar con urgencia. Recuerdan, además, que casi 28.000 palestinos han muerto y más de 67.000 han resultado heridos y que hay más de 1,9 millones de desplazados (el 85% de la población) dentro de Gaza.
Ambos presidentes reiteran su total condena a los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre y exigen la liberación inmediata e incondicional de los rehenes restantes, y subrayan que Israel tiene derecho a defenderse de tales ataques, pero de acuerdo con el derecho internacional, que impone la obligación de garantizar la protección de los civiles. La respuesta, remarcan, debe ajustarse a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.