La política arancelaria que está implementando Donald Trump ha sufrido un revés judicial este miércoles cuando un tribunal federal norteamericano ha bloqueado gran parte de los nuevos aranceles globales que ha impuesto el presidente. El Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Manhattan, ha determinado que Trump excedió a su autoridad legal y en sus facultades al intentar aplicar gravámenes a las importaciones de más de 100 países con superávit comercial con respecto a los Estados Unidos, bajo la justificación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA). El Tribunal ha declarado "ilegal" las medidas que adoptó Trump a principios de abril con la imposición de los llamados aranceles del Día de la Liberación, una decisión que afecta a los gravámenes contra China, México y Canadá para combatir la entrada de fentanilo y la llegada de migrantes al país. La Casa Blanca ya ha anunciado que recurrirá la decisión porque "no corresponde a los jueces no electos decidir cómo abordar de manera adecuada una emergencia nacional".
Un sistema de aranceles "anticonstitucional"
El Tribunal de Comercio Internacional estadounidense, formado por tres jueces, ha ordenado así la suspensión de los aranceles del 30 % sobre el gigante asiático, los gravámenes del 25 % sobre algunos bienes procedentes de México y Canadá, además de los aranceles globales del 10%. "Todo el sistema de aranceles del Día de la Liberación y otros aranceles de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) es ilegal y está prohibido por una orden judicial permanente", recoge el escrito, que también lo considera "inconstitucional".
El dictamen responde así a una demanda interpuesta por el centro independiente Liberty Justice Center en representación de cinco empresas que alegaban haber sido gravemente perjudicadas por los aranceles. Hasta ahora, al menos siete demandas han sido interpuestas contra los aranceles, una política clave en la estrategia comercial de Trump. Por otra parte, una docena de estados, encabezados por Oregón, también han demandado al gobierno federal por los aranceles. El fiscal general Dan Rayfield celebró la decisión judicial, afirmando que “las leyes deben respetarse, y las decisiones comerciales no pueden depender del capricho presidencial”.
El déficit comercial no es una emergencia nacional
El fallo sostiene que la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso, y no al presidente, la autoridad exclusiva para regular el comercio internacional. El tribunal consideró que el déficit comercial -argumento principal de Trump para declarar una emergencia nacional no constituye una "amenaza inusual y extraordinaria" que justifique el uso de poderes de emergencia presidenciales para imponer aranceles generalizados.
La decisión afecta a los llamados aranceles "recíprocos" y globales anunciados en abril, que incluían gravámenes de hasta el 50% a productos de China, México y Canadá, entre otros, y que Trump justificó como medidas urgentes para combatir el tráfico de fentanilo y reducir el déficit comercial de Estados Unidos. Sin embargo, el tribunal dejó claro que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles de manera unilateral y generalizada, subrayando la importancia de la separación de poderes y la necesidad de que el Congreso apruebe este tipo de medidas.
Este fallo representa el mayor revés judicial para Trump en su segundo mandato y abre la puerta a que la disputa llegue al Tribunal Supremo. Los aranceles vigentes sobre sectores estratégicos como el acero, aluminio y automóviles no se ven afectados por esta sentencia, dado que están sujetos a la Ley de Expansión Comercial.
Los argumentos de la Casa Blanca
La Casa Blanca no se quedará con los brazos cruzados y ha asegurado que apelará la decisión del tribunal defendiendo que los aranceles responden a una necesidad, porque los déficits comerciales de los Estados Unidos con otros países han "creado una emergencia nacional que ha diezmado las comunidades estadounidenses", según ha señalado el portavoz Kush Desai. En un comunicado recogido por la CNN, Desai ha afirmado que "no los corresponde a jueces no electos decidir como abordar adecuadamente una emergencia nacional. El presidente Trump se comprometió a priorizar en los Estados Unidos, y la Administración está comprometida a utilizar todos los recursos del poder ejecutivo para abordar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense". Trump y su equipo legal han defendido la medida basándose en el precedente de Richard Nixon, quien impuso aranceles en 1971. Argumentan que solo el Congreso, y no los tribunales, puede decidir si la justificación del presidente cumple con la ley.