Corea del Norte ha intensificado todavía más su control sobre la población hasta el punto de llegar a extremos tan severos como la ejecución pública de personas acusadas de compartir películas y programas de televisión extranjeros. Según un nuevo informe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hecho público este viernes, el régimen de Kim Jong-un ha consolidado un sistema totalitario que restringe drásticamente el acceso a la información y que ha incrementado notablemente la vigilancia electrónica en la última década. El documento, de 16 páginas y basado en entrevistas con 314 testimonios y víctimas que han huido del país desde 2014, alerta que la situación de los derechos humanos "ha retrocedido significativamente" y constata de que "ninguna otra población está bajo estas restricciones en el mundo actual". El informe señala, además, que la pena de muerte está hoy más ampliamente aceptada por la legislación norcoreana y aplicada de manera más frecuente en la práctica cotidiana.

El informe de la ONU hace pensar en un episodio ocurrido en 2024, cuando se difundió un vídeo excepcional de dentro de Corea del Norte que mostraba a dos adolescentes sentenciados a 12 años de trabajos forzados por haber visto series de televisión surcoreanas. En las imágenes, los jóvenes, de solo 16 años y vestidos con ropa gris, aparecen delante de centenares de estudiantes reunidos en un estadio, mientras agentes uniformados les recriminaban públicamente para no "reflexionar profundamente sobre sus errores". Este tipo de grabaciones son extraordinariamente inusuales, ya que el régimen de Kim Jong-un prohíbe de manera estricta que se filtren vídeos o fotografías al exterior. De hecho, a los pocos viajeros extranjeros que pueden acceder se les obliga a seguir rutas preestablecidas y solo se les permite hacer fotografías en puntos muy concretos y supervisados, hecho que refuerza todavía más la opacidad del país.

La tecnología agrava la represión

La represión en Corea del Norte se ha visto reforzada con el uso de tecnología, que ha permitido un control todavía más exhaustivo sobre la población en un país donde todos los medios están bajo la tutela del Estado y donde no existen organizaciones independientes de la sociedad civil. Según el informe de Naciones Unidas, todos los ciudadanos están obligados a participar en sesiones semanales de autocrítica, concebidas como una herramienta de vigilancia colectiva y de adoctrinamiento ideológico. Además, el organismo internacional alerta que la libertad de expresión y el acceso a la información han retrocedido de manera alarmante, con la introducción de penas cada vez más rigurosas, incluida la pena de muerte, por actos como compartir contenidos extranjeros, especialmente dramas televisivos surcoreanos muy populares. La ONU sostiene que esta persecución se ha acentuado desde 2018 y todavía más desde 2020, cuando el régimen ha intensificado los juicios y las ejecuciones públicas con el objetivo de infundir miedo y disuadir cualquier intento de desafío.

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Un grupo de trabajo vinculado al gobierno norcoreano ha intensificado las inspecciones de ordenadores, radios y televisores, así como los cacheos domiciliarios sin aviso previo ni autorización judicial, según recoge el texto de la ONU. El argumento oficial es la necesidad de frenar conductas consideradas "antisocialistas" y garantizar la seguridad nacional, pero para muchos rehuidos estas prácticas solo responden a una estrategia de control absoluto, a una manera de hacer política basada en el terror. Uno de los testimonios entrevistados por los investigadores asegura que el objetivo real es "bloquear los ojos y las orejas de la gente", en referencia al acceso a información externa. "Es una forma de control destinada a eliminar incluso los signos más pequeños de insatisfacción o queja", añade, poniendo de relieve el miedo constante que vive la población bajo la vigilancia permanente del régimen.

Kim Jong-un con científicos e ingenieros de élite del país / Europa Press
Kim Jong-un con científicos e ingenieros de élite en Corea del Norte / Europa Press

El informe también constata que la ciudadanía casi no tiene acceso a internet y que el gobierno de Kim Jong-un ha creado una intranet nacional bajo un control estricto, reservada sobre todo a instituciones de investigación y funcionarios. Según Naciones Unidas, las nuevas leyes aprobadas por el régimen "criminalizan el acceso a información extranjera no autorizada" y prohíben el consumo o difusión de materiales procedentes de países considerados "hostiles", ya sea en forma de libros, música o películas. Incluso se penaliza el uso de expresiones lingüísticas que se apartan de la ideología y la cultura socialistas oficiales. Estas normas, que incluyen sanciones muy duras y pueden llegar a la pena de muerte, "plantean graves preocupaciones" en relación con el derecho a la libertad de expresión, alerta el informe. Aun así, varios indicios apuntan a que muchos ciudadanos todavía buscan y consumen información prohibida, asumiendo riesgos cada vez mayores.