Un jubilado andaluz vivió una situación crítica durante cuatro años sin recibir ingresos, debido a un error administrativo en el reconocimiento de su jubilación anticipada. La Administración le denegó la pensión alegando un cálculo incorrecto de su edad de jubilación, lo que provocó que entre 2018 y 2022 el afectado permaneciera sin cobros, acumulando un grave perjuicio económico y personal. La situación derivó en un litigio judicial que finalmente llegó al Tribunal Supremo.
El error administrativo se debió a una interpretación equivocada de la edad de jubilación que debía aplicarse al expediente del trabajador. Durante esos cuatro años, el afectado tuvo que hacer frente a sus gastos sin contar con la pensión que le correspondía por ley. La Administración, pese a los avisos y solicitudes, no corrigió la situación a tiempo, lo que agravó el perjuicio.
El fallo del Tribunal Supremo y la indemnización
El Tribunal Supremo confirmó la condena a la Administración y reconoció que el retraso y el error fueron responsabilidad directa del Estado. La sentencia validó la responsabilidad patrimonial del Estado, un principio que establece que los ciudadanos tienen derecho a ser indemnizados cuando una actuación administrativa causa daños económicos comprobables.
En este caso, el tribunal concedió al jubilado una indemnización de 55.303,28 euros, destinada a cubrir los daños económicos ocasionados por la ausencia de ingresos durante esos años. La cifra refleja tanto los pagos pendientes de la pensión como los perjuicios derivados del retraso en el reconocimiento del derecho. Además, el fallo subraya la importancia de garantizar la diligencia administrativa en la tramitación de pensiones, especialmente cuando se trata de jubilaciones anticipadas.
La importancia de la sentencia
La resolución del Supremo establece un precedente relevante para otros jubilados que puedan sufrir retrasos o errores administrativos similares. Además, recuerda que la Administración debe actuar con celeridad y exactitud en el cálculo y pago de prestaciones, ya que cualquier error puede generar responsabilidades patrimoniales y consecuencias económicas graves para los afectados.
Este caso también pone de relieve la vulnerabilidad de los jubilados ante fallos burocráticos y la necesidad de canales eficaces de reclamación que permitan corregir errores sin prolongar el perjuicio. La indemnización reconoce no solo la pérdida económica, sino también el impacto en la vida cotidiana del afectado, que estuvo cuatro años sin ingresos a pesar de cumplir los requisitos legales para percibir su pensión.
Así pues, el Tribunal Supremo envía un mensaje claro ya que la Administración debe responder por los daños ocasionados por errores administrativos, y los ciudadanos tienen derecho a ser compensados cuando estos errores afectan a su subsistencia y derechos fundamentales.