El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que aclara un vacío legal que existía en torno a los permisos por nacimiento. Según el fallo, cuando un bebé fallece antes del parto, el padre no tiene derecho a solicitar el permiso laboral por nacimiento ni la prestación económica asociada. Todo, a pesar de la crudeza de la situación que se vive en ese momento.
La resolución se basa en la interpretación de la normativa vigente sobre el permiso por nacimiento y cuidado del menor, regulado dentro del sistema de la Seguridad Social y que, segñun el alto tribunal, oribita alrededor del nacimient del menor.
La clave legal está en el nacimiento del menor
El Supremo explica que el permiso por nacimiento solo se activa cuando existe un hijo nacido vivo. Este hecho se considera el elemento que genera el derecho al permiso laboral y a la prestación económica correspondiente. Si el bebé fallece antes de que se produzca el parto, el tribunal entiende que no se ha producido el hecho causante que da derecho a esa baja.
Por tanto, según la interpretación jurídica del tribunal, en estos casos el padre no puede acceder al permiso por nacimiento ni tampoco solicitar la prestación económica vinculada a este derecho. La sentencia pretende aclarar una situación que había generado dudas en distintos procesos judiciales y que afectaba a padres que habían solicitado este permiso tras una pérdida gestacional.
Un vacío legal en la normativa
El fallo también pone de manifiesto una realidad que muchos juristas venían señalando, porque la legislación laboral actual no contempla un permiso específico para los padres en casos de pérdida del bebé antes del parto. Esto significa que, desde el punto de vista legal, la situación queda fuera de las prestaciones previstas para el nacimiento de un hijo.
En la práctica, en algunos casos los trabajadores pueden recurrir a otras vías, como una baja médica si existe una afectación psicológica o emocional acreditada, pero no a un permiso específico por nacimiento. Así pues, aunque fría, la decisión del Supremo fija doctrina sobre esta cuestión y deja claro como debe interpretarse la normativa actual, aunque también reabre el debate sobre si la legislación debería adaptarse para cubrir situaciones de pérdida gestacional que afectan profundamente a muchas familias.