La historia de Pilar Vaquerizo, jubilada y afectada por un expediente de regulación de empleo (ERE), ha resonado con fuerza en redes sociales. Con 44 años cotizados, Pilar denuncia que tras ser incluida en un ERE que considera injusto, su pensión de jubilación final se redujo en un 24 %. Su caso pone en evidencia algunos de los desafíos del sistema de pensiones español, especialmente cuando una salida prematura del mercado laboral impacta negativamente en la cuantía final de la pensión.
El sistema de jubilación en España
En España, la pensión pública se calcula en función de dos factores principales: los años cotizados y la base reguladora, que se obtiene a partir de las bases de cotización de los últimos años de trabajo. A mayor número de años y mayores aportaciones, mayor será la pensión que se percibe al llegar a la edad legal de jubilación.
Actualmente, la edad legal de retiro está situándose de forma progresiva en los 66 o 67 años, dependiendo del año de nacimiento del trabajador. Para recibir el 100 % de la pensión, es necesario alcanzar esa edad y cumplir con un mínimo de años cotizados (normalmente 15). Sin embargo, si un trabajador decide o se ve obligado a retirarse antes de la edad legal, se aplican coeficientes reductores que penalizan la cuantía de la pensión porque se anticipa el cobro de beneficios que aún no corresponde recibir.
Es precisamente ese ajuste lo que explica la pérdida de un 24 % de la pensión cuando la jubilación se adelanta, incluso habiendo cotizado muchos años.
¿Qué son los ERE y cómo perjudican a los trabajadores?
Un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) es un procedimiento legal que permite a una empresa despedir a un grupo de trabajadores cuando atraviesa dificultades económicas, técnicas, organizativas o de producción. En teoría, los ERE están regulados para proteger tanto al empleador como al empleado, proporcionando un proceso estructurado —con la obligación de negociar con representantes de los trabajadores— antes de proceder a despidos colectivos.
No obstante, distintas voces han denunciado que algunos ERE se convierten en salidas forzosas de trabajadores mayores o con menor empleabilidad, con condiciones que no siempre son favorables. Esto puede forzar la salida del trabajador del mercado laboral antes de tiempo, muchas veces con acuerdos de rescisión de contrato que incluyen compensaciones económicas, pero no garantizan mantenimiento de derechos futuros, como la pensión máxima o jubilación sin penalización.
¿Por qué un ERE puede reducir la pensión un 24 %?
Cuando un trabajador como Pilar, con 44 años cotizados, pierde su empleo a causa de un ERE y optan por jubilarse anticipadamente, su pensión se ve afectada por dos factores interrelacionados:
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Edad de jubilación anticipada: al no alcanzar la edad legal completa, el sistema aplica coeficientes reductores. Estos coeficientes están diseñados para compensar el hecho de que la persona comience a cobrar la pensión antes de lo previsto, lo que reduce la cuantía final.
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Período de cotización y bases de cotización: aunque Pilar tenía un largo historial de cotización, el hecho de que su último periodo laboral termine antes de tiempo puede influir en el cálculo de su base reguladora. Según la normativa vigente, las cotizaciones de los últimos años tienen mayor peso en el cálculo de la pensión, y una interrupción puede disminuir el promedio final.
En conjunto, estas dos circunstancias pueden traducirse en una reducción significativa de la pensión —como el 24 % denunciado por Pilar— incluso cuando se ha trabajado durante décadas.
¿Qué opciones tienen los afectados?
Los trabajadores afectados por un ERE tienen varias opciones, aunque no todas evitan la penalización:
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Negociar condiciones más favorables en el ERE, incluyendo acuerdos de formación o recolocación interna.
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Valorar otras salidas laborales antes de optar por la jubilación anticipada.
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Asesorarse con expertos en derecho laboral y previsión social para evaluar si la salida pactada respeta todos sus derechos y si cabe recurso.
En definitiva, el caso de Pilar pone en evidencia que perder el empleo por un ERE puede tener efectos duraderos más allá del despido inmediato, afectando directamente al derecho a una pensión digna después de décadas de trabajo. Por ello, tanto trabajadores como representantes sindicales y abogados deben estar alerta para minimizar los impactos negativos en el futuro de quienes han dedicado toda su vida laboral a cotizar.