La afirmación de Adrián Pino, experto en temas laborales —“los jefes no despiden al 99 % de los funcionarios que lo merecen”— refleja una percepción extendida: el empleo público en España es muy difícil de perder, incluso cuando hay bajo rendimiento o problemas de conducta en algunos casos. Para entender por qué esto ocurre, hay que conocer cómo están regulados los funcionarios, cuántos son en España y bajo qué circunstancias pueden perder su puesto de trabajo.
El funcionario en España: estabilidad y marco legal
En España hay más de tres millones de empleados públicos, y más de la mitad de ellos son funcionarios de carrera con estabilidad laboral reforzada por ley. Este colectivo no se rige por el Estatuto de los Trabajadores (como los empleados del sector privado) sino por un estatuto específico, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015. Este texto regula sus derechos, obligaciones y las causas por las que pueden perder la condición de funcionario.
Esta diferencia legal explica parte de la percepción de que “no se despide a los funcionarios”: no se aplica el mismo sistema de despido que a un empleado privado, sino un proceso administrativo mucho más garantista.
Cuándo puede perderse la condición de funcionario
La ley establece unas causas muy concretas y limitadas para que un funcionario pierda su empleo:
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Sanción disciplinaria de separación del servicio, que es el equivalente al “despido” disciplinario y solo procede tras un expediente disciplinario complejo y una falta muy grave probada.
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Pérdida de la nacionalidad española o de la UE, si era requisito para acceder al puesto.
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Jubilación o incapacidad permanente para seguir en el servicio.
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Inhabilitación para cargo público por sentencia firme (por ejemplo, una condena penal).
Más allá de esos casos, no existe un mecanismo general de despido por motivos económicos o de rendimiento ordinario, como en la empresa privada. Para que se pueda sancionar y separar al funcionario se inicia un expediente administrativo disciplinario en el que debe acreditarse la falta muy grave con pruebas claras y darle al funcionario derecho a defensa y a presentar alegaciones durante el procedimiento.
Esto significa que, aunque un jefe —como señala Adrián Pino— pudiera pensar que “alguien no cumple”, el proceso legal para demostrar una falta muy grave está lleno de garantías a favor del funcionario y suele ser largo y complejo. Por eso, muchas administraciones prefieren otras formas de gestión de recursos humanos (como movilizaciones internas o cambios de destino) antes de llegar a la separación definitiva.
Además, el sistema no contempla indemnizaciones por despido como en el sector privado: si se pierde la condición de funcionario por causas disciplinarias debidamente probadas, el funcionario no recibe indemnización, solo la extinción de su relación administrativa conforme a ley.
Ese nivel de protección es parte del objetivo de la normativa: garantizar la imparcialidad y estabilidad del empleo público, evitando que un funcionario sea apartado de su puesto por razones arbitrarias o errores administrativos. Sin embargo, también puede generar frustración entre quienes ven a funcionarios con bajo rendimiento sin consecuencias visibles.
En resumen, la estabilidad reforzada del empleo público en España se basa en un marco legal específico que solo permite la pérdida de la condición de funcionario en casos muy graves y con procesos formales estrictos. Por ello, como señala Jorge Nicolás, solo una pequeña parte de funcionarios termina perdiendo su puesto, y casi siempre tras procedimientos disciplinarios que prueban faltas muy graves, según lo establecido en el TREBEP.