Los grupos parlamentarios de ERC, Comuns y la CUP, junto con la red Derecho y Prisión -que aglutina una decena de entidades de derechos humanos- han expresado su rechazo a que los funcionarios de prisiones de Catalunya obtengan la categoría de agentes de la autoridad, en una rueda de prensa este miércoles. Este cambio es una reclamación histórica de los representantes de los trabajadores de los penales catalanes y el Departament de Justicia lo presenta en el pleno del Parlament de esta tarde a través de una proposición de ley de modificación del Decreto legislativo 1/1997, por el cual se aprueba la refundición en un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Catalunya en materia de función pública. Justicia también ha estudiado si este cambio requiere la modificación de la ley penitenciaria estatal.
“Esta propuesta es acceder a chantajes sindicales, no tiene ninguna trascendencia real”, ha denunciado el abogado y portavoz de la red Derecho y Prisión, David Aranda, acompañado de representantes de las entidades y de diputados de las tres formaciones, Xavier Pellicer (CUP), Andrés García Berrio (CUP), y Ana Balsera (ERC).. Aranda ha expuesto que los funcionarios de prisiones ya están protegidos en el Código Penal, que recoge el delito de atentado contra la autoridad, cuando sufren alguna agresión por parte de los reclusos.
Sin embargo, los sindicatos de prisiones han denunciado que la violencia se ha incrementado en los centros y que necesitan más herramientas de protección, especialmente después el asesinato de una trabajadora, Nuria, por parte de un interno, que después se suicidó, ahora hace un año; y que es el primer caso en todo el Estado español.
"Volver al franquismo"
“Hacerlos agentes de la autoridad es convertir en policial el primer cuerpo civil de funcionarios de prisiones, recogido en la Ley orgánica Penitenciaria 1/1979, votada por unanimidad en el Congreso, y tal como destacó uno de los autores, Carlos García Valdés”, ha declarado el abogado. Aranda ha asegurado que "es retroceder a tiempos del franquismo" y ha recordado que "su función principal es la rehabilitación y reinserción" de los reclusos.
El abogado también ha expuesto que elevar los funcionarios de prisiones a agentes de la autoridad "es dotarlos del principio de veracidad", cuando se abre un expediente disciplinario a un recluso, hecho que reduce los derechos de los internos, a los que -según indica- ya cuesta demostrar su versión en estos casos y ante el juez de Vigilancia Penitenciaria -que revisa la situación y permisos de los condenados-, además de los procesos penales.
Actualmente, los profesionales considerados agentes de la autoridad, además de los Mossos d'Esquadra y los agentes de las policías locales, son: los bomberos, los médicos, los vigilantes de transporte público y de aparcamientos. Y a raíz de agresiones a profesores, el 2011 la Generalitat anunció que ampliaba la condición de autoridad pública de los directores de los centros educativos a los maestros.