Un juzgado de Barcelona ha declarado nulas las bases de un concurso público del Ayuntamiento de Vic por haber exigido un nivel B2 de catalán para cubrir una plaza de operario de cementerio y mantenimiento. La resolución judicial, que ha provocado indignación entre partidos y entidades que trabajan por la lengua, obliga al ayuntamiento de la capital de Osona a rebajar el requisito lingüístico al nivel A2, es decir, el básico. El juez considera que la elevación del requisito al nivel B2 "genera una barrera de acceso con efecto excluyente para las personas que no pueden acreditar este nivel". El alcalde de Vic, Albert Castells, de Junts per Catalunya, ha considerado la sentencia una pieza más de la ofensiva judicial contra el catalán y de la represión política. "No nos dejaremos intimidar", ha advertido.