Tal día como hoy del año 1836, hace 182 años, el Gobierno presidido por el liberal moderado Francisco Javier de Istúriz, con el visto bueno de la reina regente María Cristina, decretaba la derogación del impuesto denominado diezmo que la Iglesia había cobrado a los productores agropecuarios durante ocho siglos. El diezmo era una tasa anual que se pagaba en especie, inicialmente equivalente al 10% de la producción, y que se destinaba al sostén de los establecimientos eclesiásticos, como parroquias y monasterios. Al principio del siglo XIX, en Catalunya, los productores agropecuarios pagaban diezmos anuales a la Iglesia que podían oscilar entre el 5% y el 20%, en función del territorio y del producto. Estas diferencias se habían consolidado en el transcurso de los siglos, fruto de los acuerdos que, regularmente, establecían y protocolizaban el estamento eclesiástico y los productores agropecuarios.

Las fuentes documentales revelan que, por ejemplo, en muchos pueblos situados dentro de los límites de la diócesis de Vic (actuales comarcas de Osona, Bages, Anoia y Segarra), en los siglos XVII, XVIII y XIX el diezmo sobre la producción de cereales (trigo, mijo, cebada, avena, espelta) era del 10%. En cambio, el diezmo sobre la producción de legumbres (habas, judías, guijas) y sobre la producción de plantas destinadas a usos industriales (cáñamo, mimbre, lino, uva) se incrementaba, generalmente, hasta el 15%. Finalmente, la tasa más gravosa se aplicaba a la producción de carne ovina y podía alcanzar el 20%. Excepcionalmente, algunos pueblos habían conseguido pactar la liberación del diezmo sobre los productos que se consideraba que estaban destinados al consumo doméstico: frutos secos, hortalizas y frutas.

Con todo, la derogación del diezmo no representó un golpe financiero para el estamento eclesiástico. Solo cambiaría la caja recaudatoria, habida cuenta de que, más adelante, los sucesivos gobiernos españoles crearían contribuciones directas sobre el patrimonio que, de forma negociada y pactada, se derivarían al estamento eclesiástico. En cambio, los negociantes rurales catalanes que durante siglos habían arrendado la intermediación del cobro de los diezmos a cambio de unas importantes comisiones quedarían comercialmente desarticulados. Con la derogación del diezmo se ponía fin también a una práctica introducida con el feudalismo (año 1000) que había conseguido resistir tanto el desmontaje del sistema (guerras de los Remensas del siglo XV), como la progresiva mercantilización de la economía catalana (siglos XVI, XVII y XVIII).

Imagen: Cuadro de Pieter Brueghel (siglo XVI) / Museo de Bellas Artes de Lille (Francia)