Tal día como hoy del año 1643, hace 381 años, y en el contexto de la Guerra de Separación de Catalunya (1640-1652/59), el rey Felipe IV cesaba a Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde-duque de Olivares, que había sido ministro plenipotenciario de la monarquía hispánica durante veinte años. En el ejercicio de su cargo (1623-1643) había intentado imponer la Unión de Armas (la uniformización de las aportaciones tributarias y militares de los diferentes estados que formaban el edificio político hispánico). En este punto es importante recordar que, en aquel momento, el edificio político hispánico era una monarquía compuesta formada por varios estados que mantenían relaciones bilaterales diferenciadas (de diferente grado) con el poder central.

La Unión de Armas era un elemento más en la estrategia de los Habsburgo hispánicos del siglo XVII, que ambicionaban transformar la monarquía compuesta hispánica en un estado centralizado, como lo estaban haciendo los Borbones en Francia. Pero aquel instrumento chocó con las instituciones catalanas, que se negaron a renunciar a la bilateralidad que tenían pactada con el poder central hispánico desde el tiempo de Fernando el Católico (1495). Por otra parte, la Unión de Armas de Olivares preveía que Catalunya tenía que ingresar al erario real y tenía que aportar al ejército hispánico, una contribución fiscal y una leva militar calculada para un país de 1.000.000 de habitantes (el doble de su masa demográfica real).

Olivares, dispuesto a imponer su proyecto a cualquier precio y de cualquier manera, fabricó una crisis que tenía el propósito de enfrentar la sociedad catalana con sus clases dirigentes. Desplazó el frente de guerra con Francia en el Rosselló, y con este pretexto introdujo 40.000 tercios en Catalunya (1635-1640) que representaban casi el 10% de la población del país, con la obligación de ser alojados en las casas particulares (en el Principado no había edificios de acuartelamiento y recurrió a un uso catalán de origen medieval que obligaba a la población a mantener a los soldados del rey). Olivares, conocedor de que las clases privilegiadas estaban exentas de esta obligación, pretendía crear un paisaje de rebelión.

Pero su estrategia se reveló inútil. Los soldados hispánicos, en Catalunya, se comportaron como lo habrían hecho en cualquier país extranjero (robando, incendiando, agrediendo, violando y asesinando a las familias que los habían acogido). El gran movimiento popular de protesta que se generó y que, en palabras del historiador Joan Reglà, inicialmente no tenía un liderazgo claro, enseguida aceptó la dirección de las clases políticas del país (Tamarit, Claris, Fontanella), y el divorcio entre las clases humildes y las clases privilegiadas que había imaginado Olivares y que tenía que conducir a la desaparición de las clases dirigentes catalanas y, de rebote, de las instituciones del país, no se produjo.

Todo lo contrario, los representantes de los estamentos del poder (los brazos) y los gobiernos municipales votaron la proclamación de la I República catalana (16/01/1640), que, poco después, se transformaría en Principado independiente (23/01/1640). Durante los tres años siguientes, los catalanes (con la ayuda militar francesa) no tan solo expulsaron a los hispánicos de Catalunya, sino que se adentraron en territorio aragonés (saqueo de Monzón). En el momento en que se produjo el cese de Olivares, el resultado de aquella guerra era, claramente, contrario a los intereses hispánicos. Lo que había sido el ministro plenipotenciario más poderoso del mundo moriría dos años más tarde (1645) en Toro (corona castellanoleonesa), desterrado y en el olvido más absoluto.