Tal día como hoy del año 1905, hace 120 años, a las nueve y media de la noche, un grupo de unos trescientos oficiales y suboficiales del ejército español asaltaban, saqueaban e incendiaban la redacción del semanario satírico catalán ¡Cu-Cut!, situada en la calle Avinyó de Barcelona. Como resultado de aquel asalto, el conserje de la redacción murió a causa de un infarto. Acto seguido, aquel grupo de incontrolados se dirigieron a la redacción del diario La Veu de Catalunya (en aquel momento, órgano de prensa de la Lliga Regionalista), en la calle Cardenal Casañas, y también la asaltaron, la saquearon y la incendiaron. Los saqueadores justificaron aquella acción por la publicación de un chiste en el semanario ¡Cu-cut! que ridiculizaba a los militares españoles.

Aquellos saqueos e incendios provocaron la reprobación de los vecinos y de los viandantes que habían contemplado aquella explosión de violencia incontrolada. Según la prensa de la época (La Vanguardia, 26/11/1905), los militares asaltantes reaccionaron agrediendo violentamente a los ciudadanos que les recriminaban la acción: "Al pasar los oficiales por la Rambla, donde había acudido numeroso gentío, hubo que lamentar varias colisiones; en una de ellas, en la Rambla de los Estudios, resultó herido en la cabeza, de un sablazo, un paisano llamado don Pedro Manyà, de cuarenta años de edad, siendo la lesión, al parecer, de pronóstico grave, recibiendo después otra herida en el dedo anular. También resultó herido en un ojo, Miguel Casaderrius".

Las autoridades españolas, lejos de ordenar la intervención de los cuerpos policiales, actuaron con una gran condescendencia con los agresores-saqueadores. La Vanguardia dice: "Habiéndose presentado allí el gobernador militar, general Castellví, y el gobernador civil, general Fuentes, arengaron á los oficiales y les ordenaron les siguieran hacia el Gobierno militar, donde el general-gobernador les aconsejó calma y prudencia, exhortándoles á que se retiraran á sus casas, como así lo hicieron". Pocos días después, ante la avalancha de protestas generalizada, el Gobierno decretó la suspensión de las garantías constitucionales en territorio catalán. Ni la policía ni la justicia españolas jamás abrieron una investigación.