Mientras nuestros doctos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo se hacen los remolones sobre la aplicación de la amnistía, ratificada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y mantienen su calendario de vacaciones —el mes de agosto completo no se lo quita nadie—, las instancias europeas les han enviado un mensaje taxativo y contundente. Los tribunales españoles deben aplicar la sentencia del TJUE sobre la amnistía. La soberbia de la ponente del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez Salguero, propuesta por el Partido Popular, haciendo una interpretación tan sui generis de la aplicación de la amnistía, que hasta le ha provocado un correctivo de la Fiscalía, ha enervado a Europa.
La secuencia de lo acontecido desde el lunes no deja lugar a dudas. El Tribunal de Cuentas recibe el pronunciamiento del TJUE y Hernáez se pone espléndida: pide a la Fiscalía y a la acusación que se pronuncien en diez días sobre si ha habido malversación de fondos europeos. Además de extravagante, la petición viene a ser un desafío al TJUE y, por extensión, a la Comisión Europea. Al final, todo el entramado europeo se basa en la confianza y en el respeto a sus sentencias. Cualquier desalineamiento en esta dirección deja a todo el mundo en mal lugar en Bruselas, ya que el TJUE no puede permitirse que sus fallos no sean acatados.
Veremos si el gobierno hace bien los deberes, sin demora, y deja de ir arrastrando los pies en ese tema
En la envalentonada España judicial, eso puede ser considerado una minucia. Pero la arquitectura europea es suficientemente compleja para que un simple movimiento provoque importantes desequilibrios. Y ese podría ser uno. Al final, será verdad que el zafio movimiento de la ponente del TCu ha permitido una circunstancia que no estaba en el guion: que la defensa de Puigdemont pueda interlocutar directamente con el TJUE y con la Comisión Europea, ya que ambas instancias son interpeladas tras el desafío de Hernáez. Así, el conflicto en clave interna —Constitucional, Supremo y Tribunal de Cuentas— ha vuelto por una rendija, en parte mucho más política, a Europa, que no quiere un frente tan incómodo como este con uno de sus estados miembros.
El comisario europeo responsable de los temas de justicia y Estado de derecho, el irlandés Michael McGrath, ya debe haber recibido el escrito de Gozalo Boye pidiéndole que abra un procedimiento de infracción contra España por un supuesto incumplimiento de derecho comunitario. Como que la denuncia ha sido presentada, como es preceptiva, contra el Reino de España, deberá ser el gobierno el que se pronuncie y defienda la posición de España. Es una curiosidad más de todo ello. Veremos si el gobierno hace bien los deberes, sin demora, y deja de ir arrastrando los pies en ese tema. También explica sin tapujos lo que está haciendo el Tribunal de Cuentas, porque mucho me parece que Europa, en esta cuestión, está dispuesta a dejar claro que tonterías las justas. Serviría todo ello de aviso para navegantes.