Advertencia de la Comisión Europea a la justicia española. Este miércoles, el principal órgano ejecutivo de la Unión Europea ha recordado que corresponde al Tribunal de Cuentas y a la Audiencia Nacional aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avaló la semana pasada la ley de amnistía. En un comunicado, un portavoz del ejecutivo comunitario ha confirmado que Bruselas ha recibido la denuncia presentada por el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, contra España por no aplicar la ley, pero ha evitado pronunciarse sobre el contenido de la demanda. Ahora, Bruselas examinará la denuncia antes de tomar una decisión, tal como establece el procedimiento. "Cuando se presentan quejas, se gestionan de acuerdo con el procedimiento habitual de la Comisión Europea: al recibirse, las quejas se seleccionan, se registran y se examinan antes de tomar una decisión. No tenemos ningún otro comentario en esta fase", ha indicado el portavoz comunitario.
Puigdemont, Comín y Puig denuncian al Tribunal de Cuentas por contradecir la sentencia del TJUE
Boye, abogado del president Puigdemont y de los consellers también en el exilio Toni Comín y Lluís Puig, presentó este martes una denuncia contra el Reino de España ante la misma Comisión Europea, en la que acusa al Tribunal de Cuentas de contradecir la sentencia que emitió el TJUE el pasado 16 de julio, la cual avala la amnistía, y de tergiversar su contenido. En la denuncia, los tres líderes independentistas explican que han solicitado al Tribunal de Cuentas la aplicación "inmediata" de la amnistía y recuerdan en la demanda que la sentencia del TJUE clarifica que no hubo malversación de fondos de la UE. En la misma línea, Puigdemont ha asegurado este miércoles que el Tribunal de Cuentas "desobedece conscientemente la sentencia europea y ordena reabrir lo que Europa dice que ya debería haber cerrado" y, por otro lado, considera que la "candidata a prevaricadora", la consejera del TCu Elena Hernáez, se ha dejado llevar por "la euforia patriotera".
En cuanto estrictamente a la financiación del Referéndum del 1-O, el fiscal jefe en el TCu, Manuel Martín-Granizo Santamaría, asegura que se gastaron fondos "indebidamente", pero no fondos europeos —como defiende el Tribunal de Cuentas—. En un informe comunicado este martes, el mismo fiscal contesta a la consejera Hernáez que es "improcedente e innecesario" que abra un periodo de alegaciones de diez días para que las acusaciones (la Fiscalía y Societat Civil Catalana) "busquen" ahora si hay fondos europeos en el gasto del 1-O y de la promoción de Catalunya en el exterior.