La Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya acaba de dar a conocer su informe sobre la licitación de la obra pública en Catalunya. Es un dosier con luces y sombras, ya que salen francamente bien la Generalitat y el mundo local y, en cambio, vuelve a salir muy mal la administración central, una manera eufemística de nombrar, en las estadísticas oficiales, el gobierno español. Es muy importante poner la lupa en lo que acaba haciendo el Estado con las inversiones en infraestructuras en Catalunya, ya que, por esta vía, acaba habiendo un cuádruple expolio. Veamos, todo empieza por el déficit fiscal del que parece que se quiere hablar cada vez menos y que acaba detrayendo a las arcas de la Generalitat más de 22.000 millones de euros en 2021, los últimos disponibles. Este cálculo se basa en la diferencia entre los ingresos fiscales aportados por Cataluña y los fondos recibidos en inversión del Estado.

En segundo lugar, está el sistema de financiación autonómica en el que más allá de las competencias y la gestión de los tributos está el tema de la famosa ordinalidad, un principio que exige que las comunidades autónomas mantengan el mismo orden en la recepción de recursos que el que tienen en cuanto a aportaciones, es decir, que las comunidades que más aportan no reciban menos por habitante que las que menos aportan. El independentismo lo ha defendido siempre para corregir la situación actual en la que Catalunya se sitúa en tercera posición a la hora de aportar, pero cae en la novena o décima en la recepción de recursos. La vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, no lo acepta para desesperación del PSC, que teme el enfado de Esquerra Republicana. La filosofía de Montero es clara: dinero todo el que haga falta, pero no toquemos el modelo e incorporemos la ordinalidad. Tanto es así que en un proyecto remitido por Hacienda al presidente de ERC, Oriol Junqueras, la mejora para salir de la novena o décima posición y situarse en la tercera o acercarse consistió en bajar al onceavo lugar.

Al final, las inversiones no acaban siendo para los que las reclaman, sino para el conjunto de los ciudadanos, tengan la ideología que tengan

La tercera expropiación viene con la elaboración de los presupuestos generales del Estado y las inversiones en infraestructuras que fijan las cuentas públicas. El hecho de que no se aprueben no quiere decir que la simple prórroga acaba obligando a estas inversiones. Pues bien, aquí, simplemente es que no se ejecutan. El ministerio deja de gastar en Catalunya lo que le tocaría por los presupuestos, mientras comunidades como Madrid acaban superando el 100% de la inversión. Y el cuarto expolio es la licitación pública de obras y servicios por parte del gobierno español. Aquí se ve una disminución del 8,7% respecto al año pasado y un 16% si lo comparamos con enero-septiembre de 2023. Estas cifras se quedan muy lejos de las necesidades de inversión en infraestructura que necesita Catalunya. Así es imposible reconducir retrasos crónicos en infraestructuras estratégicas: desde la mejora de Rodalies, las conexiones ferroviarias de mercancías a los puertos, el desarrollo de la intermodalidad logística o el impulso del corredor mediterráneo.

Las cifras son sorprendentemente negativas y chocan una vez más con los discursos que reiteradamente se hace desde el gobierno español y los ministerios correspondientes. Está muy bien y es meritorio que la Generalitat y la administración local se comporten de manera radicalmente diferente, pero el cuello de botella sigue estando donde está desde hace muchas décadas, en Madrid. Repetirlo una y otra vez es tan necesario como el aire que se respira porque, al final, las inversiones no acaban siendo para los que las reclaman, sino para el conjunto de los ciudadanos, tengan la ideología que tengan. Lo más peculiar es que Catalunya debe ser de los pocos sitios en que las reivindicaciones compartidas también acaban teniendo ideología. Siempre lo pongo como ejemplo, pero es que es una realidad no discutible: los vascos defienden el concierto económico, acaben votando al partido que sea. No se discute y ahí también está una parte nada menor de sus progresos y su autonomía financiera. Aquí, lo máximo que se ha logrado, en algunas ocasiones, es hacer un bloque amplio, pero sin PP y los partidos a su derecha. Pero, a veces, incluso ni eso, como si la mejora de las condiciones de los catalanes solo correspondiera defenderla a una parte del arco parlamentario.