Dentro de cuatro semanas está previsto el inicio del curso escolar en Catalunya y, aunque han transcurrido siete desde que acabó el anterior y los alumnos iniciaron sus vacaciones, persiste la amenaza de huelga convocada para el 8 de septiembre. La movilización, impulsada por la Asamblea Educativa de Catalunya (AEC), cuenta con el apoyo de los sindicatos del sector como la USTEC, la CGT y la Intersindical, entre otros. Potencialmente, más de un millón de alumnos pueden verse afectados, ya que ese es, aproximadamente, el número de escolares que cursan sus estudios en la red de centros públicos donde está convocada la huelga, y afecta desde infantil hasta bachillerato, pasando por primaria y ESO.
Aunque cuatro semanas de hipotética negociación pueden dar mucho de sí y el curso pasado acabó con una tensión extrema, con récord de jornadas de huelga (25 jornadas de protesta en el sector, solo en mayo y junio un total de 17 jornadas de huelga entre paros generales y territoriales), sorprende que durante el verano no haya habido una negociación, ni que la conselleria haya convocado la mesa sectorial. La consellera Esther Niubó ha preferido celebrar reuniones con equipos directivos e inspectores para rebajar la tensión y tenderles la mano para facilitar el diálogo antes que negociar con los sindicatos, que son los que han convocado la huelga.
Es una estrategia buscar interlocutores alternativos, pero si no te sale bien, te arriesgas a que el enfado de los sindicatos sea mayor
Es una estrategia buscar interlocutores alternativos, pero si no te sale bien, te arriesgas a que el enfado de los sindicatos sea mayor. Bien es cierto que, en estos momentos, nadie cuenta con autoridad y legitimidad absoluta para erigirse en interlocutor único y de eso, quizás, quiere aprovecharse la consellera Niubó. Los sindicatos UGT y CC.OO. fueron desautorizados por los docentes con el apoyo de USTEC, CGT y la Intersindical, y un 65,1 % de los profesores echaron atrás el acuerdo con el Govern. Pero, semanas después, fueron la USTEC, el sindicato mayoritario del sector, y el sindicato Professors de Secundaria los que sufrieron el revolcón y también perdieron su acuerdo con la conselleria. La razón: la cesión en dos de las líneas rojas del sector, como son la bajada de ratios en las aulas y los recursos económicos con carácter inmediato para la escuela inclusiva.
Por si ese conflicto no fuera suficiente, la vergüenza de la exclusión de Catalunya de las pruebas PISA, por parte de la OCDE, por el escándalo de la tasa de exclusión, solo ha hecho que poner más presión a un sector que necesita de manera clamorosa una mejora importante. También mayores dosis de transparencia, ya que el hecho de que los centros catalanes dejaran sin examinar, para las pruebas PISA, un 23,2 % de los alumnos seleccionados, cuando el límite máximo de la OCDE es del 5 %, requiere explicaciones mucho más serias que las que ha ofrecido el departamento hasta la fecha. Sobre todo porque el fracaso de los resultados de 2024, donde Catalunya registró su peor caída histórica y los alumnos catalanes quedaron a la cola de España y Europa en matemáticas, comprensión lectora y ciencias, exigía trasladar unas conclusiones más tranquilizadoras y no el ridículo que lamentablemente se ha producido.