La dimisión en diferido de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana y la manera como la ha llevado a cabo, en una extraña conferencia de prensa en la que habló casi más del rey que de las víctimas, lejos de zanjar la crisis en el Partido Popular del País Valencià la abre, si se puede, aún un poco más. Mazón se va sin irse, al menos por ahora. Tampoco convoca elecciones, como es la prerrogativa de cualquier presidente. En cambio, abre un insólito proceso en el que presenta su dimisión al cargo y ahora, dada su minoría en las Cortes valencianas, necesita imperiosamente el apoyo de Vox para encontrar un sustituto, y de no alcanzarse este acuerdo, automáticamente se convocarían elecciones autonómicas para el próximo mes de marzo. Dicho en plata: de una situación mala han pasado a una peor. Y de tener asegurada la presidencia, con todas las dificultades que suponía, han dejado el futuro de la comunidad en manos de Santiago Abascal, que es el que acabará decidiendo si hay o no elecciones y si se acaba dando luz verde a un president valenciano propuesto por Alberto Núñez Feijóo.

Todo eso, además, en una semana que ya se sabía que sería especialmente complicada para el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE, ya que este lunes se ha iniciado en el Tribunal Supremo el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos y para quien una de las acusaciones pide hasta seis años de prisión. Por primera vez, un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados, y también por primera vez, la respuesta dada es permanecer en el cargo durante el proceso e intentar demostrar su inocencia. El juez instructor Ángel Hurtado ha llevado a cabo una investigación muy criticada por la defensa del García Ortiz en la que el resultado final es que al fiscal se le pide una condena que oscila entre los cuatro y los seis años de prisión, hasta 12 años de inhabilitación y más de 400.000 euros de multa. No está de más recordar que la revelación de secreto tiene que ver con el hecho de que la persona afectada sea la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El fiscal de delitos económicos Julián Salto, uno de los que ya ha declarado, y la persona que recibió el correo electrónico enviado por la defensa de González Amador y de cuya filtración se responsabiliza el fiscal general del Estado, le señaló directamente al explicar al tribunal que su jefa, Pilar Rodríguez, le conminó explícitamente a enviarlo: "El fiscal general no puede esperar".

El president explicó después que acudirá a una consulta médica que ya tiene programada para conocer cuál es su estado de salud

Pues bien, al juicio del fiscal general, el Partido Popular no ha tenido otra ocurrencia que contraprogramarlo abriendo en canal la organización de los conservadores en el País Valencià. Como señaló un profundo conocedor de los movimientos de la derecha, el PP igual no se ha dado un tiro en el pie, pero sí en un brazo. Pero volvamos a València que, en los próximos días, va a dar mucho que hablar. Por si la conferencia de prensa sin preguntas de Mazón no fue suficientemente esperpéntica, el president explicó después que acudirá a una consulta médica que ya tiene programada para conocer cuál es su estado de salud y parará unos días su actividad política después de presidir este martes la reunión semanal de su gobierno. Otro dato informativo que también se fue conociendo a lo largo del día es que no contempla renunciar a su acta de diputado autonómico si la legislatura continua hasta su final en 2027, lo que le asegura que para una hipotética imputación debería elevarse su procesamiento al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y solicitarse el correspondiente suplicatorio.

Resumiendo, primero, las cosas no se podían haber hecho peor en el PP valenciano y Mazón ha incorporado a su bagaje de ser un presidente tóxico y un mentiroso convulsivo en sus cambiantes explicaciones durante un año, un hedor inconfundible en su largo adiós. Segundo, retrasar las decisiones, por lo general, es un camino equivocado. Mazón hubiera tenido que dimitir hace un año o se lo hubiera tenido que hacer dimitir. La pelota no se hubiera hecho tan grande y las víctimas hubieran podido empezar a pasar página más rápidamente. Tercero, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, del PP, convocó hace una semana elecciones en su comunidad para el 21 de diciembre sin este boomerang político sobrevolando a los conservadores. ¿Repetiría ahora la jugada? Y, cuarto, ¿cómo deben estar los presidentes de Castilla y León o Andalucía que han de convocar elecciones en sus comunidades antes del verano con la crisis del País Valencià abierta en canal? Igual sí que acabará siendo verdad que a Feijóo ya no le vale con esperar y ver el cadáver político de su adversario desfilar por delante de la calle Génova.