Junts per Catalunya ha celebrado en Prats de Molló el quinto aniversario de la fundación de la organización independentista que preside Carles Puigdemont. Lo ha hecho en un acto en el que la organización independentista ha aprovechado para sacar pecho del trabajo realizado y que coincide con el segundo aniversario de las elecciones españolas y catorce meses de las catalanas que ganó el candidato del PSC, Salvador Illa. Más allá del lógico mensaje triunfalista antes del verano y como clausura del curso político, para Junts per Catalunya es difícil sustraerse a la idea de que la legislatura española, allá donde realmente sus votos son decisivos, se le ha atragantado a los de Puigdemont, ya que los resultados, en la práctica, son realmente escasos.

La primera constatación de todo ello es el lugar donde se ha celebrado el acto político de Junts: en Prats de Molló, donde se encuentra la casa del president Francesc Macià, en la Catalunya Nord. El hecho de que no se haya celebrado en el Principat de Catalunya ya es toda una anomalía, tras la ley de amnistía y el fracaso de un anuncio solemne en el cierre de campaña en las europeas de junio de 2024. Aquel día, en Colliure, se aseguraba lo siguiente: "Tiene que ser el último acto electoral al exilio, pero con esta gente de Madrid nunca se sabe porque a veces dices que es el último acto y se sacan unas elecciones de debajo de la mesa. Seamos prudentes por lo que pueda ser".

Para Junts per Catalunya es difícil sustraerse a la idea de que la legislatura española, allá donde realmente sus votos son decisivos, se le ha atragantado a los de Puigdemont, ya que los resultados, en la práctica, son realmente escasos

No hubo nuevas elecciones, pero el retorno no se ha producido por más que el gobierno español se lava las manos, ya que la ley se aprobó en las Cortes y el Tribunal Constitucional ha validado su legalidad. Pero el Supremo ha hecho oídos sordos y a efectos de los principales dirigentes del Govern de 2017, la amnistía aún está por materializarse. Hace unas fechas, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, presentó unas cautelarísimas al TC para que se levantara la orden de detención del president en el exilio y el Alto tribunal ha tirado la pelota a septiembre, aunque la confianza en que el Constitucional resuelva la cuestión es escasa. La consecuencia de todo ello es que el retorno del president en el exilio o que se levante la inhabilitación a Oriol Junqueras o Jordi Turull duermen en el limbo y las cosas están más o menos igual, en la práctica, que hace dos años.

La llamada mesa de Suiza se sigue reuniendo —ya sin Santos Cerdán y con Zapatero como bastión socialista de la misma— y sus nulos resultados son manifiestos. No hace falta repetir qué ha pasado con la oficialidad del catalán en Europa o la transferencia de las competencias de inmigración: nada tangible puede presentar Junts en el ecuador de la legislatura de lo que es el cuerpo doctrinal de Junts per Catalunya. Con esta realidad más negra que blanca y un horizonte de futuro no muy halagüeño, Junts se va de vacaciones, sabiendo, además, que sus perspectivas electorales, según la mayoría de sondeos, no han mejorado ni en España, ni en Catalunya, ni en Barcelona. En el mejor de los casos se han estabilizado en las españolas, donde tienen siete escaños, que hoy son decisivos, pero que con la aritmética actual, será muy difícil en el futuro.

A ello se suma una situación insolucionable: incomodidad con Pedro Sánchez y lo mismo con Alberto Núñez Feijóo. Con los primeros no se puede hoy por hoy acordar cosas que supongan una estabilidad de la legislatura española y los segundos dependen de Vox, algo que aleja cualquier negociación y las conversaciones son solo simples diálogos. ¿Hay margen para que eso cambie? Depende del PSOE y de que pueda hacerse realidad que Junts cobra por anticipado. Algo que hasta la fecha ha sido más palabras que realidades.