El siempre inestable Govern de Catalunya, conformado por Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, sale del congreso del partido de Carles Puigdemont, Laura Borràs y Jordi Turull, que celebran este fin de semana en el recinto ferial de La Farga en l'Hospitalet de Llobregat, con un balón de oxígeno. Las enmiendas que exigían una consulta inmediata a las bases para decidir sobre la continuidad del Govern han sido amortiguadas al imponerse una ponencia algo más moderada que recoge que una vez se haya cerrado la auditoría sobre el funcionamiento del acuerdo de Govern con Esquerra, se evaluará cómo responder sin descartar ninguna medida. Así, se planteará a las bases la posibilidad de continuar o no en el Govern o tomar otro tipo de iniciativas adecuadas a la situación.
El hecho de que no se establezca una fecha fija, como algunos pretendían para este mismo año, supone que la dirección gana musculatura política a la hora de no sentirse con un corsé infranqueable. El binomio Borràs-Turull podrá decidir conjuntamente con la dirección del partido los timings para cada movimiento, algo que parece obvio en cualquier organización política, pero que en una formación de nuevo cuño como Junts —de hecho, esta es la segunda parte del primer congreso de la organización celebrado el mes pasado en Argelers, en la Catalunya Nord— no ha sido hasta la fecha tan evidente.
En cualquier caso, la incomodidad con las posiciones políticas de Esquerra se ha hecho más que evidente tanto en los discursos como en los documentos congresuales, donde se ha remarcado especialmente una hoja de ruta diferente a la del partido de Oriol Junqueras. Hay desencuentros de forma, como es la llamada mesa de diálogo, que Junts considera absolutamente inoperante y de la que no forma parte al haberse vetado los miembros que propuso, entre ellos, Jordi Turull y Jordi Sànchez, por no ser miembros del Govern. Pero también hay muchas discrepancias de fondo, que van desde la defensa de la amnistía y de la autodeterminación, como una prioridad en la agenda política, hasta la exigencia al president Aragonès de cumplir el compromiso que asumió en la sesión de investidura de completar la independencia en esta legislatura.
El congreso de Junts también ha servido para recuperar en las ponencias debatidas este sábado o a través de las enmiendas presentadas medidas económicas que habían formado parte de la columna vertebral de la política económica de la antigua Convergència y que en los últimos tiempos habían dejado de reivindicar. En concreto, está la supresión del impuesto de sucesiones y analizar la conveniencia de la supresión del impuesto de patrimonio. Tendrá que superar este domingo el trámite en el plenario, pero habida cuenta del amplio apoyo obtenido en la ponencia, que está muy cercano al 90%, no debería haber problemas.
Si lo que pretendía Junts en este congreso era perfilar ante la opinión pública un proyecto político diferenciado de Esquerra Republicana, pero también de los partidos de izquierda, y corregir algunos bandazos que se habían producido estos años, se puede concluir que una parte del trabajo ha sido realizado.
