Hace días que la comunidad educativa espera algo más que palabras ante el conflicto que se le viene encima una vez el TSJC ha desarbolado la inmersión lingüística como sistema escolar en Catalunya y ha establecido que las escuelas deben tener un 25% en castellano. Hace días, también, que la opinión pública -al menos, la que apoya el actual Govern y aseguró la mayoría absoluta en el Parlament y el 52% de los votos- espera conocer qué respuesta se va a dar desde el Ejecutivo catalán al ataque frontal que ya se ha iniciado contra la lengua propia del país y que amenaza con romper los únicos diques de contención existentes para preservar el futuro del catalán.

La sinceridad con que el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha explicitado desde el mismo corazón del problema escolar latente en Canet de Mar, que el hecho de que la interlocutoria judicial se haya dirigido directamente al sistema educativo, "impide que sea el conseller y el departamento quien dé respuesta a los tribunales" no aporta ninguna solución al conflicto y crea más de una inquietud. ¿El Govern se tiene que resignar a un atropello de esta naturaleza planificado y amplificado desde el núcleo del Estado español? 

La fragilidad catalana actual, la división del mundo independentista y la divergencia de estrategias entre Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y la CUP puede no resistir un embate con el Estado español como el de octubre del 17 pero de ahí a concluir que no puede defender políticamente la inmersión lingüística hay un abismo. Habrá que hacer política y hacerla de otra manera y, sobre todo, con otros resultados. Los votos recibidos en las urnas han dado al independentismo catalán la llave del Congreso de los Diputados y no se puede malgastar este importante capital.

No es cierto que no se pueda revertir esta situación. Si no ¿de qué sirve tener la llave de la legislatura española? Por descontado que existe el riesgo a que PP y Vox lleguen a la Moncloa, pero este peligro no debe atenazar todas las decisiones porque debilita tu negociación y puede acabar sucediendo que, si finalmente llegan, una parte muy importante del trabajo ya se lo encuentren hecho. Tendría que ser al revés: que la muralla que se levantara ante esta eventualidad de que la derecha española gobernara, cogiera a Catalunya en una posición de fuerza y no de debilidad.

Otrosí: ¡pues claro que hay maneras para liberar a los equipos de dirección de los centros escolares de la presión de todo tipo a la que se encuentran sometidos a partir de ahora por el TSJC! Otra cosa es que el camino sea tan espinoso, tan ingrato, tan costoso y tan cuesta arriba que se prefiera no realizarlo. Pero como todo en la vida, no hay un único camino. El reto del gobernante, al final, siempre es el mismo. Coger el correcto, el que el país necesita. Y, en el caso de Catalunya, además, el que garantiza su supervivencia.