Por segundo año, la monarquía española ha renunciado a celebrar los premios Princesa de Girona en la ciudad que lleva su nombre ante la imposibilidad de encontrar local alguno para entregar los galardones y ha tenido que trasladar a Barcelona el que es, junto a los premios Princesa de Asturias, uno de sus estandartes más preciados. Pasó en 2019 y ha vuelto a pasar en 2021. Y en el 2020 no sucedió porque no hubo celebración a causa de la pandemia.

La fundación empresarial encargada de dar cuerpo a las relaciones entre la Corona y Catalunya, repleta de nombres de relieve en su patronato, se inventó estos premios con este objetivo y el fracaso a la vista está. Los catalanes, no solo los independentistas, se sienten incómodos con un rey que, después del discurso del 3 de octubre rompió todas las amarras. A lo que cabe añadir la corrupción estructural en la institución y que tenía a Juan Carlos en el vértice de la pirámide, algo que ahora ya es de dominio público y que desembocó en el exilio del Emérito en los Emiratos Árabes Unidos.

Hoy la monarquía española es vista como una rémora y un problema por más de dos tercios de la sociedad catalana. Invariablemente, cada vez que el Rey viene en actos organizados por la Casa Real el vacío de las instituciones catalanas es total y las protestas, aunque menos numerosas que antaño, persisten en las calles. En la entrega de premios de este año no estaba ningún representante del Govern, ni la alcaldesa de Barcelona. Su respuesta a este vacío institucional fue pronunciar un discurso que le habría servido perfectamente para Estepona ya que la palabra Catalunya ni la citó. En todo caso, si alguna cosa servía para ubicar el discurso en Catalunya fue el mantra de la unidad y el estar juntos.

Eso, el mismo día en que el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, denunciaba ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas con sede en Ginebra la represión de España contra el independentismo catalán y animaba a la organización internacional a presionar al Estado español para aplicar la amnistía a todos los represaliados. Y también el día que el Govern empezó a explicar que estaba estudiando fórmulas para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros que reclama el Tribunal de Cuentas a una cuarentena de altos cargos de la Generalitat -empezando por Mas, Puigdemont y Junqueras- por la acción exterior entre los años 2011 y 2017. Sería, obviamente, una señal potente que el Govern y su president tuvieran este gesto después de la barbaridad del Tribunal de Cuentas.

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