Los servicios jurídicos de la Generalitat echan humo. El ejecutivo busca en a contra reloj si hay alguna rendija jurídicamente viable para cubrir las espaldas de la cuarentena de dirigentes políticos y altos cargos del Gobierno -entre los cuales Mas, Puigdemont y Junqueras-, a quienes el Tribunal de Cuentas reclama el pago inmediato de 5,4 millones de euros.
Los afectados tienen quince días para abonar esta suma desorbitada de dinero, antes no les embarguen sus bienes. Para evitar que eso pase, fuentes del ejecutivo explican a ElNacional.cat que aunque hay varias opciones sobre la mesa, la salida es compleja. Por una parte porque tiene que estar bien blindado jurídicamente, pero también porque es importante asegurar que el Tribunal de Cuentas no lo tumbe. En este sentido, fuentes gubernamentales apuntan que la vía del aval directo podría no aguantarse. Otra alternativa sería vehicularlo a través del seguro de la Generalitat.
De momento, tal como ha compartido a la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, en una rueda de prensa esta tarde, la Generalitat ya ha dejado claro en el tribunal que no se siente perjudicada en esta causa. El caso es que la justificación de la sanción impuesta es que se malversó dinero perteneciente al gobierno catalán y que estos millones se tienen que devolver a la administración catalana. Con todo, el argumento de no sentirse perjudicados ya se utilizó cuando el Tribunal de Cuentas multó con más de 5 millones a los máximos responsables del 9-N. Y no sirvió de nada, porque Mas, Ortega, Homs y Rigau acabaron embargados. Es más, hoy la justicia ha tumbado su recurso, pendiente desde hacía años.
La caja de solidaridad
"Estamos estudiando diferentes vías para defender con toda la fuerza a estas personas, para encontrar las vías para aportar esta cantidad ingente", ha afirmado Vilagrà. Desde su entorno indican que el agravante es que hay que tomar la decisión con rapidez, para que el plazo antes no los embarguen vence en dos semanas. Eso quiere decir que entre esta semana y la próxima el Gobierno tendrá que dar respuesta, para que si no se encuentra solución haya margen para activar la caja de solidaridad y recaudar con aportaciones voluntarias el máximo de dinero posible para cubrir, cuando menos, una parte de la sanción.
Esta nueva ramificación de la judicialización de la política catalana se oficializó el mismo día que Aragonès se reunía con Sánchez en Moncloa. Ambos coincidieron en señalar que hechos como este dificultan y entorpecen la vía del diálogo. "Es una inquisición económica", se ha quejado hoy Vilagrà. Hace unas horas, desde Ginebra, Junqueras lamentava que una cosa es que les encarcelen a ellos y otra que persigan a sus propios hijos.
En la imagen principal, la fachada del Palau de la Generalitat. / S. Alcàzar