La irrupción de la justicia en los planes educativos de la escuela catalana no solo va a acabar con el modelo de inmersión lingüística, que ha sido un modelo de éxito educativo y de integración, sino que va a dar la estocada definitiva a la lengua propia del país. De una manera bien visible, para quien se quiera enterar, han pasado tres cosas: la justicia ha decidido entrar a fondo y el TSJC no se va a limitar, como en otras ocasiones, a emitir una sentencia y que los poderes públicos la cumplan. Todo apunta a que lo que ha hecho con la escuela de Canet de Mar imponiendo el 25% de las horas lectivas en castellano puede acabar siendo una norma de actuación, sin que los centros educativos tengan más margen que acatar lo que la justicia les ordena.

En segundo lugar, los socialistas españoles, pero también los catalanes, no se van a mover un ápice de la posición oficial y que no es otra que las sentencias se tienen que cumplir. Para ello, el PSC ha tenido que virar respecto a antaño, pero le puede más su estrategia electoral que cualquier otra cosa. Me explico. Al PSC le ha costado una infinidad sepultar, en la práctica, a Ciudadanos, que lleva camino de extinguirse. No quiere darle el mínimo oxígeno que le sirva para remontar posiciones, pues necesita que la formación de Inés Arrimadas desaparezca de los municipios del cinturón de Barcelona para volver a ser hegemónicos y que ningún otro partido les tosa. Hay muchas alcaldías en juego para desviarles de su objetivo. Esa es ahora su prioridad, no el catalán, que acaba siendo, por duro que suene, un daño colateral.

Todo ello, por no hablar del gobierno de España, que aún tiene menos dudas y no deja de mostrar su apoyo a la familia de Canet de Mar siempre con uno o varios ministros al frente, la última, la titular de Justicia, Pilar Llop, exigiendo que la escuela cumpla lo decretado por el TSJC. Mientras, la prensa de Madrid ha hecho del caso un espectáculo pornográfico de dimensiones colosales hablando de acoso, supremacismo y otras lindezas. La misma prensa que lleva años encumbrando a Ciudadanos y que ahora que el partido naranja está prácticamente desaparecido ―y amortizado― se siente fuerte con un PP que no deja de hacer bandera contra la inmersión en catalán, una formación como Vox que no engaña a nadie sobre sus preferencias lingüísticas y un partido socialista más que cómodo en este cóctel trasnochado en defensa de una única lengua, desandando los pasos que se dieron en la Transición.

La posición del gobierno catalán no es, sin duda, fácil. Máxime una vez los partidos que lo componen ―y, en parte, también la CUP― viven con alergia cualquier alianza para sumar sus votos en defensa propia. Lo he dicho en muchas ocasiones y, por tanto, tampoco vendrá de una más: el único lenguaje que se entiende en el Madrid imperial, en la Moncloa y en las Cortes generales es el que les comporta una derrota. En este caso, en el Congreso de los Diputados. Mientras no sea así, una y otra vez, se podrán hacer muchos discursos pero las quejas no pasarán de la epidermis de un establishment que tiene una piel de elefante. La realpolitik es así y no es otra cosa. Siempre ha sido así y ha ido de trueques, no de principios. No de afectos, ni de familias ideológicas. Allí, cuando se tienen que poner de acuerdo PSOE y Vox, lo hacen. No están satisfechos, y menos les gusta la imagen a ambos, pero lo hacen. Y además, se elogian mutuamente.

Aprender esto no debería ser tan difícil. Si los jueces actúan así es porque la ley se lo permite. Sería más fácil, y eso es hacer política, exigir un cambio de ley que realmente blinde el catalán. Y, mientras que ello no se produce, que pierdan las votaciones que sean necesarias. Porque no hay otra. Lo demás es un bonito castillo de fuegos artificiales.