La decisión del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de mantener las elecciones al Parlament para el 14 de febrero, reservándose la posibilidad de suprimirlas hasta el día 8 —tan solo cinco días antes de los comicios— es el corolario, lamentablemente tan solo provisional, de una legislatura tutelada por la justicia desde la sorprendente victoria independentista del 21 de diciembre de 2017.

En estos más de tres años hemos visto cómo la justicia se iba apoderando del espacio de la política catalana, perdiéndose así la indispensable separación de poderes en cualquier sociedad democrática: intervención del Constitucional o del Supremo en las candidaturas a la presidencia de la Generalitat de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull; inhabilitación del president Quim Torra por no descolgar una pancarta del balcón del Palau de la Generalitat; una inusual y sospechosa entrada en el calendario electoral de los comicios catalanes; y, este mismo jueves, la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público durante un año del conseller encargado de las elecciones, Bernat Solé, por su actuación durante el 1 de octubre cuando era alcalde de Agramunt. Casualmente, este jueves.

La autonomia catalana no es solo que haya sido intervenida por una insufrible y dolorosa asfixia económica por parte del Estado español, algo que es tan antiguo que desgraciadamente ya forma parte del paisaje. Desde 2017, la persecución del independentismo ha tenido en la justicia uno de los brazos de la represión a gran escala y, lo que es más importante, tutelando los movimientos de la política en Catalunya hasta llegar a la situación actual en que el TSJC ha acabando atribuyéndose las competencias de celebración de unas elecciones y de anulación de las mismas. Así se ha creado una sensación de inseguridad jurídica para electores y partidos inaceptable en un proceso democrático, como si el estamento quisiera demostrar aquí y en Madrid que no hay más poder que el suyo en este país. ¿Acaso no es motivo de perplejidad para cualquier ciudadano que ni los letrados con una mente más imaginativa sean capaces de entender lo que ha hecho la sala de lo contencioso administrativo con su decisión?

Ya no se trata de que las elecciones sean el 14 de febrero, durante el mes de marzo o el 30 de mayo como habían acordado todos los partidos, excepto el PSC, ante la evolución de la pandemia en Catalunya. Por cierto, los datos del coronavirus siguen siendo muy malos, la posibilidad de una alta abstención fruto de la pandemia no es una quimera, y el Gobierno debería de dejar de hacer el ridículo con encuestas como la del CIS. Lo que está en juego, desde hace demasiado tiempo, es la separación de poderes en España, donde se ha quebrado una invisible pero necesaria línea de separación en todas las sociedades democráticas en que los jueces no jugaban a hacer de políticos y no se daba una imperiosa necesidad de preservar por encima de todo la unidad de la patria.

¿Qué quieren decir los magistrados con reservarse hasta el día 8 de febrero la posibilidad de suspender las elecciones del día 14? ¿Que en función de las expectativas de voto de unos y otros el tribunal tendrá capacidad para mantenerlas y para anularlas? ¿Tiene todo ello algo que ver con que el Consejo General del Poder Judicial y su presidente, Carlos Lesmes —por cierto, con una buena relación con la sala del TSJC—, están en pie de guerra contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? ¿Es una partida judicial a varias bandas, como las del billar americano, que tiene varios damnificados y también beneficiados en Barcelona y en Madrid?

Tres últimas reflexiones a nivel de titular: sería deseable un acuerdo de los partidos catalanes que incluyera al PSC para acordar una fecha electoral y devolver el calendario electoral allí donde debe estar. Segundo: es mejor cambiar el decreto actualmente anulado por el TSJC que mantener la cerrazón a cualquier cambio, sobre todo cuando las cosas se hubieran podido hacer mejor. Y, tercero, después de tantos conflictos internos, los partidos independentistas han llegado extenuados a cualquier batalla con el estado y lo único que se oye en un día como el de este jueves son un cúmulo de declaraciones y de tópicos.