Resolución de urgencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la fecha de las elecciones catalanas. La sala acaba de comunicar que mantiene provisionalmente la convocatoria para el 14 de febrero, en contra de la voluntad del Govern de la Generalitat. Se compromete a resolver el fondo de la cuestión antes del 8 de febrero, es decir, como máximo en dieciocho días.

Hasta mañana no estará la resolución por escrito. La Sala ha adelantado el acuerdo de "mantener la suspensión del Decreto 1/2021, de 15 de enero, acordada en acto de fecha 19 de enero de 2021, por el cual se deja sin efecto la celebración de las elecciones al Parlament de Catalunya del 14 de febrero de 2021 a causa de la crisis sanitaria derivada de la pandemia causada por la Covid-19".

Eso es sólo un paso previo a resolver definitivamente el caso. El martes se resolvieron las cautelarísimas y hoy han resuelto las cautelares mirando, tanto las demandas presentadas como los informes que ha presentado el Govern y la Fiscalía.

Hasta el día 8 no se entrará a debatir si el decreto hecho por el Govern para aplazar las elecciones se ajusta o no a la legalidad, en plena campaña electoral. Una campaña que empieza el 29 de enero, de aquí a 8 días.

A pesar de que la decisión definitiva no se haya tomado hoy y de que todo el aparato electoral de los partidos políticos esté pendiente hasta el 8 de febrero, la sala ha acortado, "por razones de urgencia", la tramitación de la demanda. Eso en la práctica quiere decir que se agiliza todo, aunque hay menos tiempo para todas las partes, Govern, Fiscalía y demandantes. Por tanto, en lugar de los 8 días establecidos por la ley para presentar los escritos, habrá 4 "para tener, como máximo, sentencia antes del 8 de febrero" dice el TSJC en el comunicado donde ha avanzado la decisión.

La clave: el decreto sin fecha

A la espera de conocer los argumentos del TSJC en la resolución que no se hará pública hasta mañana, las partes ahora ya preparan sus escritos. El tribunal ha decidido las medidas cautelares mientras no decide el fondo del asunto, que no es otro que concluir si el decreto del Govern de suspensión de las elecciones se ajusta o no a la legalidad.

Según apuntan varias fuentes, el decreto tiene "defectos muy evidentes". Y el principal es la falta de fecha. En ningún caso la decisión del TSJC pone sobre la mesa el 14-F o el 30-M. El Gobierno no puso ninguna fecha alternativa en el decreto de suspensión y es aquí donde está la clave del debate de la sección 5.ª de la sala de lo contencioso administrativo. La última parte del decreto es la más dura de resolver y donde puede haber más debate y más discusión.

La campaña podría arrancar sin saberse la decisión final

Como la resolución definitiva de la justicia sobre si se pueden dejar las elecciones para el 30 de mayo o hay que mantenerlas para el 14 de febrero puede alargarse todavía tres semanas, el Govern no tiene más alternativa que reactivar la maquinaria electoral por si acaso. Y es que si se tiene que seguir con los planes del 14-F, la campaña comenzaria el 29 de enero.

Ya se han enviado las notificaciones a todo el personal que tendrá que formar parte de las mesas y también hay que empezar a sacar adelante la impresión de las papeletas y sobres, que se enviará en un envío único por acuerdo de todos los partidos.

El cálculo del área de procesos electorales es que el coste total de las elecciones sea de 37,5 millones de euros. De estos, unos 8 serían para garantizar las medidas de seguridad sanitaria.

Un ojo en el 14-F y otro en el 1-O

Todos los focos apuntaban hoy al TSJC. Toda Catalunya está pendiente de la decisión definitiva sobre cuándo serán las elecciones al Parlament, si dentro de tres semanas, el 30 de mayo u otro día que el tribunal convenga. Cerca de las 9 de la mañana, tal como ha adelantado ElNacional.cat, un técnico de la Generalitat ha presentado las alegaciones para justificar la necesidad de posponer los comicios. A las 10 expiraba el plazo y ha arrancado la reunión de los siete magistrados de la sección 5.ª de la sala de lo contencioso administrativo.

Que la sentencia haya salido del mismo tribunal y el mismo día ha despertado suspicacias. Con todo, hay que recordar que una cosa es la sala de lo penal, que es la que ha dictado la pena para Solé, y otra la sala de lo civil, que es la que tiene encima de la mesa el caso de la fecha de las elecciones catalanas.
Si bien no lo esperaban precisamente esta mañana, fuentes del entorno del conseller Solé aseguran a este diario que la sentencia "era previsible". La defensa presentará el correspondiente recurso contra la inhabilitación por desobediencia. Como pasó con el president Torra, será el Tribunal Supremo quien tendrá que pronunciarse definitivamente sobre si mantiene la pena o la modifica. Hasta entonces, la sentencia no será firme.