Para este viernes ha convocado el president del Parlament, Roger Torrent, el pleno de la Cámara que le había solicitado el president Quim Torra una vez se ha tenido constancia de la fuga de Juan Carlos I, con la complicidad del gobierno español, presumiblemente a la República Dominicana. Con esta decisión, el Parlament abre camino en lo que tendría que haber sido un clamor general de las instituciones españolas una vez se ha conocido que el rey emérito ha huído a un país extranjero, intentando así sortear repercusiones judiciales que pueda haber por los casos de corrupción que se han ido conociendo en los últimos meses. Asuntos que han puesto en jaque, además del monarca que ha ocupado la jefatura del Estado entre 1975 y 2014, a su hijo, Felipe VI, entronizado en 2014.
Sabido es que el Tribunal Constitucional, el Supremo, la Fiscalía General del Estado o el gobierno español harán lo que esté en su mano para que lo que resuelva la Cámara legislativa catalana no llegue a puerto alguno. Ya ha pasado en otras ocasiones y seguirá pasando: a la monarquía española no se la cuestiona. Sin embargo, eso es algo que ya hay que dar por descontado. La dignidad de una institución no se mide por el número de pleitos que tenga con una justicia como la española sino por la condena permanente de la corrupción y la evasión fiscal en cualquiera de sus fórmulas, la defensa del Estado de Derecho, la democracia y del bien común y el combate sin cuartel contra cualquier forma de violación de las leyes para proteger los intereses del Estado por encima de convenios internacionales o su unidad.
Solo hace falta lanzar una mirada a la prensa internacional para comprobar la enorme diferencia que se está produciendo con la referenciada prensa de papel española. Aquí, todos los esfuerzos están puestos en tratar de establecer un cortafuegos entre el rey emérito y el rey reinante. Al primero, en un ejercicio de pragmatismo, se le ha ido dejando caer progresivamente como si se tratara de un mal menor dada la imposibilidad de mantenerlo mínimamente a flote. Mientras, a Felipe VI se le hace emerger como el monarca libre de cargas, capaz de romper con su padre y desconocedor de todos los tejemanejes que realizaba teniendo el palacio de la Zarzuela como base de sus operaciones.
Alguien ha olvidado, sin embargo, que una vez se ha abierto el melón de la aceptación de un caso de corrupción de la familia real con la marcha al exilio de Juan Carlos I nada va a volver a ser igual. El debate sobre la monarquía va a ser a partir de ahora permanente, las protestas ciudadanas irán en aumento, el gobierno español no podrá resistir la confluencia de dos partidos -PSOE y Podemos- tan necesitados de emitir discursos tan diferentes a sus respectivos electorados y, sobre todo, el descrédito internacional de un jefe del Estado hasta hace cuatro días huyendo con su inmenso botín mientras el país soporta la mayor crisis económica en muchas décadas. El reloj ya se ha puesto en marcha.