De entre las muchas posiciones que podía adoptar el PSOE en el tema de la corrupción de la monarquía española o el debate en el seno de la sociedad sobre monarquía o república, los socialistas han adoptado hasta las últimas consecuencias la menos defendible por su historia centenaria pero la más comprensible como partido claramente alineado hasta las últimas consecuencias con el régimen del 78. No se trata tan solo de que el PSOE vete una y otra vez cualquier comisión de investigación parlamentaria para abordar la escandalosa situación que supone haber tenido primero como jefe del Estado durante casi cuarenta años y después como rey emérito a Juan Carlos I, inmerso en estos momentos en medio de flagrantes noticias de casos de corrupción. Lo ha revelado extensamente su ex amante Corinna zu Sayn-Wittgenstein, conocida también por Corinna Larsen o por su título nobiliario de princesa Corinna, y la situación se hizo tan insoportable que desembocó en su huída a los Emiratos Árabes Unidos. Es tanto o más preocupante que el manto protector de la monarquía española llegue a extremos inquietantes como que el PSOE tumbe una propuesta de su socio de gobierno -Unidas Podemos-, y que apoyan muchas fuerzas independentistas y nacionalistas, para que el CIS pregunte por la valoración del reinado de Felipe VI.

No parece en democracia una anomalía preguntar por la valoración del jefe del Estado, como hacen otros países de nuestro entorno. Más bien es una exigencia y una obligación de la que el Centro de Investigaciones Sociológicas no debería poder prescindir por cuestiones políticas. De hecho, en España se hizo así hasta abril de 2015 en que el CIS, entonces en manos del PP, decidió borrar la pregunta del cuestionario dado el deterioro de la valoración de Felipe VI. José Felix Tezanos, el polémico responsable de la cocina del prestigioso organismo de sondeos electorales, ha seguido el mismo camino y ya hace más de cinco años que la pregunta no se formula para tener que constatar lo obvio: que la monarquía está perdiendo a marchas forzadas la valoración positiva que le otorgaba la sociedad española. Primero fue el caso de Iñaki Undargarin, después la beligerante actitud en el proceso catalán que le reportó imagen en España pero alejó definitivamente a Felipe VI de la sociedad catalana, y finalmente, el estallido de la corrupción de la familia real.

El PSOE ha jugado la carta de proteger a capa y espada no tan solo la monarquía sino la opacidad de sus actuaciones. Es el apoyo imprescindible para que nada se mueva y completar así una sólida mayoría parlamentaria de cuatro patas con PP, Ciudadanos y Vox. Nada se investiga y nada se quiere saber, aunque los procedimientos no respondan a los estándares europeos a los que estamos acostumbrados. Eso no parece importarle ni a la derecha ni a la izquierda, más ocupadas en tapar las vías de agua del régimen del 78. A los dirigentes del PSOE, siempre tan celosos de con quién vota Vox, debería preocuparles coincidir con ellos ya que es poco digerible llevarlos como compañeros de viaje en una cuestión que también va de valores y de principios democráticos.

Porque los diputados de Vox son los que han defendido este martes en el Congreso de los Diputados una modificación de la ley de partidos para ilegalizar los partidos independentistas que atenten contra la unidad de España. Y los parlamentarios de PP y Ciudadanos se han puesto de perfil absteniéndose. Aunque la política sea muy camaleónica, hay que saber bien en qué lado se está en cuestiones que no son anecdóticas.

 

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