La alta magistratura española, siempre tan pendiente de hacer política y olvidándose tantas veces de hacer justicia, al final, lo ha conseguido: la ciudadanía desconfía de la independencia judicial y España ha retrocedido dos puestos en el ranking de la Unión Europea. Solo los ciudadanos de Hungría, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria e Italia desconfían más que los españoles de la independencia judicial, habiendo bajado dos lugares en una lista que no hace sino reflejar el descrédito de un pilar fundamental en un estado de derecho.

Tantos errores y manipulaciones no podían caer en saco roto. Tanto partidismo e injusticia, tampoco. Tantos disparates y sesgo ideológico acabarían haciendo mella. Y así ha pasado. No es un tema exclusivamente independentista ya que estamos hablando del conjunto del Estado. Pero nadie, ningún sector ideológico, lo ha padecido tanto como el independentismo aunque durante mucho tiempo -en parte, también ahora- muchos han pensado que ellos no serían objeto de un encarnizamiento tan desmedido hasta que se han encontrado también en medio.

La justicia española más pronto que tarde deberá formar parte de un cambio profundo y lo que no se hizo en la transición para no sulfurar a los sectores más derechistas de la sociedad deberá acometerse a fondo. No puede permitirse durante más tiempo la impunidad con la que parecen actuar determinados sectores ideológicos sabiendo que no serán objeto de ningún tipo de actuación judicial. No puede ser aceptado como una situación normal en un estado de derecho que se señale públicamente a un empresario como Ricardo Rodrigo, editor de la revista satírica El Jueves y propietario del conglomerado mediático RBA, simplemente para intimidarlo porque esa publicación no te gusta.

Sería de agradecer que en un estado de derecho y, sin mediar demanda alguna, la intimidación a periodistas y editores, el ataque al libre ejercicio del periodismo y la defensa de la libertad de expresión, tuviera siempre la respuesta adecuada desde el mundo judicial. Y no que existiera justamente lo contrario: que Vox tiene patente de corso. Si se hicieran las cosas de esta manera igual estaríamos hablando de que la percepción de la justicia que tendrían los ciudadanos del Estado español sería la que tienen los de Austria, Finlandia o Alemania. Por cierto, aquella pérfida Alemania, cuestionada desde España cuando dejó libre al president Carles Puigdemont rechazando la euroorden de extradición del juez Pablo Llarena y que amenazó durante unas horas con abrir una crisis entre el gobierno de Mariano Rajoy y la Unión Europea.