La semana que viene se iniciarán en Catalunya, si el Govern no es capaz antes de llegar a un acuerdo con los sectores afectados, una serie de movilizaciones y protestas en la calle de sectores suficientemente importantes para generar una situación de colapso en diferentes áreas de la vida cotidiana de la gente. A la jornada ya anunciada de huelga el próximo miércoles de médicos, personal sanitario y maestros se han sumado este viernes los sindicatos mayoritarios del taxi, lo que deja al Govern del president Pere Aragonès en una situación complicada si no consigue antes revertir las protestas en la calle contra el ejecutivo catalán. Habrá más huelgas los días 26 y 31 de enero y el 1 y 3 de febrero en los hospitales lo que puede acabar dejando una secuelas importantes en lo que son las listas de espera que se arrastren durante meses.

Más allá de la cintura o no de los diferentes consellers —de ello se quejan los representantes de los manifestantes— es obvio que la falta de nuevos presupuestos es un hándicap para el Govern, ya que allí, en las cuentas públicas, están depositadas muchas de las esperanzas para calmar el malestar social existente con nuevas inyecciones de dinero. Como hemos ido explicando, más allá del entusiasmo del ejecutivo catalán por explicar un acuerdo con los socialistas sobre los presupuestos que nunca ha estado cerca, el pulso entre Esquerra y el PSC sigue abierto. Tanto es así, que Aragonès ha convocado el lunes en el Palau a sindicatos y patronales para que presionen a Salvador Illa y ejerzan como lobbistas del Govern. Este movimiento del president, como la demanda a Pedro Sánchez de que le eche una mano para doblegar la resistencia del PSC, según se ha publicado, es un arma de doble filo. Quizás sí que sean los movimientos que remachen el inexistente acuerdo, pero también hay un riesgo de que puede acabar suponiendo la ruptura definitiva.

Sea como sea, el Govern está jugando sus últimas cartas, ya que este sábado acaba, al menos sobre el papel, el plazo de una semana que se dieron Aragonès e Illa tras la reunión del pasado sábado en Arenys de Mar. No es un secreto cuáles son las grandes demandas de los socialistas, que pasan por tres proyectos emblemáticos como la ampliación del aeropuerto de El Prat, la construcción del cuarto cinturón o ronda del Vallès —el principal escollo, con un conseller de Territori, Juli Fernàndez, exalcalde de Sabadell, manifiestamente contrario— y el complejo de Hard Rock entre Vila-seca y Salou. Los socialistas, que saben que sus votos son imprescindibles para aprobar los presupuestos, ya que Junts no jugará la partida en ninguno de los supuestos, no están dispuestos a apearse de su posición de partida y viven con estupor y enfado desde hace tiempo la campaña de pressing PSC.

Esquerra deberá rebobinar y mucho su hostilidad a los socialistas catalanes. También aceptar sus propuestas si quiere un acuerdo que, por otro lado, necesita imperiosamente si no quiere que la legislatura se le vaya por el desagüe. Con 33 diputados tan solo que apoyan al Govern de los 135 que tiene la cámara catalana, los presupuestos son, al final, mucho más que una votación puntual. Es sobre todo oxígeno para la minoría parlamentaria con la que cuenta y una manera de evitar la guillotina que sobrevuela tras la ruptura del Govern el pasado mes de octubre. Si a ello le sumamos las huelgas que hay en marcha, la convergencia de todo ello puede acabar siendo un cóctel de difícil digestión para Aragonès. El manual de la política dice que en estas situaciones lo mejor es liberar problemas, no acumular problemas. Aunque para ello se tengan que aceptar propuestas con las cuales nunca hubieras pensado en transigir. Al menos antes, la política se hacía así.