El Congreso de los Diputados debatirá este miércoles la quinta prórroga del estado de alarma solicitada por el gobierno de Pedro Sánchez que, de aprobarse, llevaría la situación actual de excepcionalidad, mando único y dudosa constitucionalidad hasta finales del mes de junio.

Si las tres primeras prórrogas el Ejecutivo español las pudo sacar adelante con relativa facilidad parlamentaria y sin negociación ninguna, en la del pasado 6 de mayo algunos grupos políticos, como Esquerra Republicana, dieron un paso atrás y, así, las tres fuerzas independentistas catalanas, los republicanos, JxCat y la CUP, coincidieron en el no y rechazaron el estado de alarma. Al Gobierno le sacaron del atolladero dos fuerzas tan dispares como PNV y Ciudadanos: los primeros obtuvieron el aval político a la celebración de elecciones en el País Vasco en el mes de julio si así lo desean y la formación de Inés Arrimadas le dio los otros diez votos que necesitaba empujada por la presión de algún poderoso del Ibex y la promesa de afecto político del inquilino de la Moncloa.

Ahora, por lo que parece, las cartas se han vuelto a repartir y se ha iniciado una nueva partida. El rey del farol ha diseminado una serie de cebos con el objetivo de realizar un triple salto mortal: conservar la libertad para seguir haciendo lo que le dé la gana con una prórroga de un mes. Así ha abierto negociaciones o conversaciones a varias bandas, en el caso catalán con Esquerra Republicana y con Junts per Catalunya, y, en el caso español, con Ciudadanos, con el objetivo de tener más síes que noes en la votación. Para Sánchez es una negociación con red: Arrimadas siempre estará allí a menos que su mentor Albert Rivera no le siegue la hierba bajo los pies; y aún es demasiado pronto para eso.

Desde el pasado 13 de marzo en que Pedro Sánchez anunció solemnemente el estado de alarma, su actitud con Catalunya ha sido la siguiente: ha centralizado el mando único en su persona y en el gobierno de España, ha rechazado todas y cada una de las iniciativas del Govern, desde la muy temprana del confinamiento total de Catalunya para evitar la expansión del virus alegando que "el virus no responde a fronteras", hasta la mano tendida a la hora de acordar conjuntamente las decisiones en la fase más dura de la pandemia. Sánchez se ha comportado con las autonomías como si no formaran parte del entramado institucional de España y fueran unas meras diputaciones. No ha respondido a las demandas económicas que se la han formulado para paliar la crisis, ha rechazado una entrevista con el president de la Generalitat y sus promesas han sido, al menos, tan volátiles como las de Mariano Rajoy.

Todo ello unido a la constante improvisación en las normativas a aprobar, primero sobre el confinamiento y ahora sobre el desconfinamiento que están desconcertando a empresarios y agentes sociales y mermando la imagen del país en el extranjero en un momento clave desde el punto de vista económico y ante la negociación europea. El último invento ha sido cerrar fronteras e imponer una cuarentena de quince días a los extranjeros, en un momento en que muchos países de la UE iniciaban el camino inverso y se estaba abriendo una mínima oportunidad de rescatar una parte del turismo exterior. El torpedo al sector ha sido importante ya que la opción de escoger viajar a un país con fronteras cerradas, cuarentena y una prórroga de estado de alarma hasta casi julio es una invitación a escoger otro destino por más que se pregone que España está entrando a la normalidad.

Este sábado, el presidente ha empezado a desplegar sus cebos después de que la directiva socialista ya se movilizara a mediados de semana. En su alocución desde la Moncloa ha señalado que, poco a poco, las autonomías irán recuperando su total capacidad de decisión. No diré al presidente como el periodista Toni Soler en un tuit "métase el paternalismo por donde le quepa" porque ya lo ha dicho él. Pero sí señalaré lo peligrosos que son los cebos en política. Al final, la gran mayoría de las veces acaban siendo una emboscada.

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