El proyecto de ley audiovisual aprobado por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez ha vuelto a ser una nueva tomadura de pelo y los compromisos que supuestamente había alcanzado, en este caso con Esquerra Republicana, y que le habían permitido sacar adelante los presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados se han evaporado en un plis, plas. Casi no es noticia que ello haya sucedido, ya que los precedentes de incumplimientos del presidente del gobierno español son, a estas alturas, de récord Guinness. Tanto da que se hable del catalán, de las infraestructuras o de la ejecución presupuestaria, en algún momento, cuando se tiene que poner negro sobre blanco... la negociación descarrila y, entonces, el gobierno español ya está a tantas leguas de distancia que ya no necesita corregir nada.

En resumen y por hacerlo corto, la situación es la siguiente: el gobierno español había alcanzado un acuerdo que contemplaba la obligatoriedad de incluir una cuota para lenguas oficiales del 6% del contenido ofrecido en las plataformas audiovisuales. Este porcentaje se había establecido a partir de que el 30% del catálogo tenía que ser obra europea. Entonces, de este 30%, la mitad tendrá que estar en lenguas del Estado y de éstas, el 40% en catalán, euskera o gallego. Ello suma el 6% acordado para las tres lenguas consideradas cooficiales junto al castellano en sus respectivas comunidades autónomas. En la práctica, puede acabar siendo, perfectamente, un 2% del catálogo para cada lengua.

En este matiz, que por lo que parece ya estaba en la letra pequeña del acuerdo, Pedro Sánchez ha introducido el último truco de los Juegos de Manos La Moncloa: sí, bueno, pero no será exactamente así y las plataformas audiovisuales se dividirán entre las que tienen residencia en el estado español y las que no. ¡Ay caray! Sánchez levanta el pañuelo y resulta que la medida solo afecta a Movistar, Atresmedia y Filmin y, además, esta última ya cumple la ratio. Netflix, Amazon Prime Video, Disney o HBO Max no se verían afectadas, ya que regiría la norma europea del país de origen. Para acabarlo de arreglar, el gobierno español ―el proyecto es de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño― considera que es respetuoso con el acuerdo con Esquerra.

Ya se encontrará una solución, máxime después de que Esquerra haya tenido que elevar el tono y amenazar con dar al traste con la ley e incluso bloquear los presupuestos en el Senado. Intentar tumbarlos es algo más difícil que en el Congreso ya que en la cámara alta el PSOE tiene mayorías alternativas con muchos partidos pequeños, y serían devueltos al Gobierno, que debería volver a presentar el proyecto en la cámara baja, donde se jugaría la última partida. No llegará la sangre al río y, al final, se visualizará un acuerdo. Pero mucho me temo, porque la experiencia no permite pensar otra cosa, que será un nuevo incumplimiento. En este nuevo trayecto surgirá un imprevisto, una normativa europea o algo se inventarán para que el final no sea el previsto.

Era lo mismo con la ley Celaá y, al final, la inmersión en los colegios está en peligro. Recuerda siempre al capitán Renault, en Casablanca, gritando: "¡Qué escándalo, qué escándalo, he descubierto que aquí se juega!". La Moncloa podría perfectamente tener en la entrada un cartel con el siguiente lema: "Aquí se engaña".