El rechazo en el Congreso de los Diputados de una propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara, presentada por una decena de grupos políticos, que permitiría el uso del catalán, vasco y gallego en las sesiones de la cámara, demuestra los límites de un estado con lo que se denomina las otras lenguas oficiales. El resultado no es fruto de una mayoría parlamentaria coyuntural sino de una concepción inalterable de España que agrupa a los principales partidos: PSOE, PP, Vox y Ciudadanos. Dicho de otra manera, no es contemplable por imposible una mayoría política alternativa ya que aquí están los dos grandes partidos de la derecha y de la izquierda.

Es destacable que ni en la situación de mayor debilidad política del PSOE, tras desmoronarse electoralmente en su histórico feudo de Andalucía, haya una brizna de inteligencia. También de empatía hacia los ciudadanos de unas naciones en las que obtiene un buen rédito electoral. Al contrario, pretende ir de la mano de Vox y de los diputados de la ultraderecha. También del Partido Popular, al que tanto se parece y del que tanto necesita desmarcarse si quiere recuperar una mínima pulsión que le aguante con vida para las próximas elecciones españolas. Y la tercera muleta socialista en esta cruzada no es otra que el cada vez más invisible partido de Ciudadanos, que a neutralizar el catalán, el vasco y el gallego siempre se apunta.

El blindaje del castellano como única lengua de uso en el Congreso de los Diputados coincide con la ofensiva contra el catalán por todos los caminos posibles, políticos y judiciales. No es suficiente con que allí no se pueda emplear el catalán, sino que es necesario que aquí se refuerce el castellano. Los partidos del régimen están plenamente alineados en esta batalla que no es de ahora y que tiene el objetivo claro de que una lengua vaya ganando cuotas y otra las vaya perdiendo. Pasó con la ley del audiovisual aprobada en las Cortes hace unos pocos meses y que hubiera podido ser una ventana de oportunidad en un sector estratégico clave y se optó por poner tantos palos a la rueda que la asfixia lingüística está asegurada para el futuro.

Obviamente, a estas alturas no se puede hablar ni de dificultades técnicas ni de coste económico ya que las primeras no existen y las segundas son irrisorias. No es necesario ser excesivamente mordaz para poder asegurar que con unos pocos cientos de miles de euros de las inversiones en infraestructuras no realizadas quedaría un servicio de traducción automática para sus señorias absolutamente niquelado. Eso por no hablar de situaciones mucho más graves como alguna de las partidas para espiar, ahora con Pegasus y antes con otra tecnología, al independentismo catalán.

Cuando se hable de la represión habrá que ir pensando en incorporar algo tan fundamental como la utilización de tu lengua propia en lo que debería ser la sede de la soberanía popular. Lo contrario, aparte de un anacronismo, no es otra cosa que una amputación de los derechos culturales y lingüísticos que asisten a catalanes, vascos y gallegos.