El caso del diputado de la CUP por Lleida Pau Juvillà ya es historia. Después de unos días de incertidumbre en que las declaraciones iban por un lado y los hechos por el otro, este jueves el Parlament ha dado carpetazo a lo que era el meollo fundamental de todo el debate: ¿la Mesa del Parlament y su presidenta, Laura Borràs, estaba dispuesta a desacatar a la Junta Electoral Central o no? ¿Pau Juvillà era o no era diputado de hecho para la Mesa del Parlament y su presidenta, y, en consecuencia, podía votar bien fuera de manera presencial o por delegación de voto? Las dos preguntas han tenido una respuesta negativa: no se le ha convocado para el pleno de este jueves y no se ha aceptado la delegación de su voto. En consecuencia, cuesta seguir considerándolo diputado aunque se hagan proclamaciones solemnes que dan a entender que se le seguirá defendiendo como parlamentario.

La partida se ha acabado con la última decisión del día, la de ejecutar el acuerdo de la JEC de retirarle el escaño ordenado por la secretaria general del Parlament. Y cuesta entender la estrategia diseñada estos últimos días y el camino decidido por sus muñidores, incluido la suspensión de las actividades del Parlament que ha durado unas 48 horas, si el final tenía que ser este. Queda claro, por tanto, y el Parlament así lo asume con la política de hechos consumados, que su soberanía limita no solo con las decisiones del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sino también con la autoridad de un órgano administrativo como es la Junta Electoral Central. Punto y final. No es un trago agradable para todos aquellos que creían que una política con el perfil de Laura Borràs no tenía otro camino que inmolarse con un acto de desobediencia e incluso señalaban que desacatar en las actuales circunstancias preservaba su patrimonio político ya que una sentencia de inhabilitación hubiera oscilado entre uno y dos años.

De hecho, en su formación política, Junts per Catalunya, se le ha dado un apoyo público sin fisuras puertas a fuera, pero muchos de sus dirigentes se han distanciado en privado de los pasos que ha ido dando bien por desconocerlos previamente, bien por estar en desacuerdo. El caso Juvillà también ha puesto de manifiesto que el 52% alcanzado por el independentismo si alguna vez existió como un camino compartido por las tres formaciones políticas independentistas hace mucho tiempo que se evaporó. El caso más paradigmático es el de la CUP que ha tenido su propio guión y ha jugado en solitario sus propias cartas. No es nuevo, claro está. Pero se tiende a olvidar que cada vez que la CUP ha tenido que posicionarse ante un caso relevante durante estos últimos años ha acabado saliéndose del bloque de los otros dos grandes partidos independentistas y marcando agenda propia.

Ya son muchos los momentos clave en que esto ha pasado desde aquel paso al lado que tuvo que hacer el president Artur Mas en enero de 2016 para salvaguardar el primer gobierno independentista; después vinieron los presupuestos de la Generalitat devueltos a tres presidentes distintos como son Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès; y no puede quedar fuera de este capítulo la decisión de no facilitar los votos de sus diputados a la investidura como president de la Generalitat de Jordi Turull, tan solo unas horas antes de su ingreso en la prisión de Estremera que ordenaría la Audiencia Nacional. La CUP, con razón o sin ella, ya tiene un histórico de desencuentros tanto con Junts como con Esquerra y ello acaba situando siempre las negociaciones entre los tres partidos en un callejón sin salida.

Un último apunte: aprender de los errores es siempre mejor que disparar al apuntador. De lo primero puede salir algo diferente, más pensado y que sea más entendible para la opinión pública. De lo segundo solo se consigue persistir en el error y la próxima vez volver a cometerlo, porque no se ha aprendido nada.