Por segunda vez, la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ha comparecido en el juzgado por videoconferencia desde Madrid, ante la titular del juzgado de instrucción 20 de Barcelona, que la imputó por el espionaje con el software Pegasus, y ha guardado silencio. O sea, no ha colaborado. Se ha amparado en la ley de secretos oficiales que rige el CNI y que ya utilizó cuando en otro juzgado tuvo que declarar por el espionaje con el programario Pegasus al expresident de la Generalitat Pere Aragonès. En este caso, lo ha hecho también con dos dirigentes de Esquerra Republicana, el presidente del grupo parlamentario en la Cámara catalana, Josep Maria Jové y a la eurodiputada Diana Riba. Aunque como sucede con todos los temas informativos, aquel acto ilegal de infectar el teléfono móvil es de una enorme gravedad, por lo que supone de espionaje a un adversario político, el gobierno español se ha hecho el sordo a la petición del juzgado de Barcelona que pidió al Consejo de Ministros que le levantara a Paz Esteban la obligación de guardar secreto.

Y, pese al tiempo transcurrido, principios de 2024, por ahora, no hay ninguna respuesta. Es evidente que sobre este escandaloso tema se ha mirado de poner sordina desde todos los estamentos del Estado. No en vano estamos hablando del caso más grande de espionaje ilegal conocido en Europa, con cargos públicos electos relevantes del espacio independentista. Los hechos se remontan a momentos claves del procés , en que la persecución del movimiento independentista y de sus líderes se hacía tanto desde el frente judicial como desde el policial y el político. Tiene, también, un hecho diferenciador con la denominada Operación Catalunya. La primera es perfectamente imputable al gobierno del Partido Popular y sus máximos responsables de la época en el Ejecutivo español: Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Dolores de Cospedal y toda la arquitectura en el ministerio de Interior que tenía montada el exministro Jorge Fernández Díaz. Desde altos cargos del departamento hasta la denominada policía patriótica.

La exdirectora del CNI aparece como una cabeza de turco sin  riesgo de que revele cosas comprometidas

En el caso de Pegasus, la responsabilidad es prácticamente en exclusiva del gobierno socialista porque los hechos sucedieron después de junio de 2018, cuando se produjo la moción de censura del PSOE a Mariano Rajoy y llegó a la Moncloa Pedro Sánchez. Además, se da una paradoja, más allá de comisiones de investigación arrancadas con fórceps a los socialistas, ni Junts ni Esquerra han conseguido avanzar lo suficiente para conseguir saber con precisión donde se dieron las órdenes, quienes las dieron, qué material se obtuvo y para qué fue utilizado.  Y eso que al menos formalmente los juzgados de Barcelona que investigan el caso de espionaje han tratado de obtener la información. Hay abiertas en estos momentos cuatro imputaciones contra Esteban desde que estalló la investigación del CatalanGate que llevó a cabo desde Canadá Citizen Lab y en el que aparecieron unos 65 afectados entre 2017 y 2020. Uno de los juzgados llegó a señalar en un auto que los indicios de la implicación del CNI parecían indudables.

Aunque mucho me temo que Paz Esteban como directora del CNI no adoptó ninguna decisión unilateral y, en consecuencia, estaría en condiciones de revelar de dónde emanaron las órdenes, es muy probable que el tema no avance. Así aparece la exdirectora del CNI como una cabeza de turco que, si se la protege y no tiene que declarar, no hay riesgo de que revele cosas comprometidas. En su día fue un error aceptar la dimisión de la directora del CNI por el caso y dar carpetazo político al asunto. Hubo debate sobre si se escalaba el tema a la ministra de Defensa, Margarita Robles, o al de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero en aquel momento de la anterior legislatura, diciembre de 2022, a lo mejor poco más se podía hacer. Después, con la nueva legislatura española ya iniciada, a partir de octubre de 2023, en algún lugar se debió dar garantías de que las cosas serían diferentes. Lo cierto es que dos años después del inicio de la presente legislatura y más de tres años desde que salió a la luz pública el espionaje de al menos 65 teléfonos pertenecientes a figuras políticas catalanas, sus familiares, abogados y abogadas, y representantes de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales, todas ellas vinculadas al independentismo catalán, sabemos tan poco que casi da vergüenza.