Que el aval del Govern para cubrir la fianza de los altos cargos y funcionarios que se vean inmersos en procesos judiciales, y que debe servir para una parte de los 5,4 millones reclamados a 34 de ellos por la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017, era jurídicamente sólido y además políticamente necesario está fuera de toda duda. Tanto es así que el Tribunal de Cuentas no ha encontrado la vía para rechazarlo, al menos, hasta el momento. Este martes, después de más de dos semanas de contribuir a la confusión filtrando a los medios de Madrid que no lo aceptaría, y que incluso podía ser ilegal, ha adoptado una posición mucho más tibia y se ha limitado a pedir un informe a la Abogacía del Estado.

De las cuatro posiciones que tenía el Tribunal de Cuentas -rechazarlo y enviarlo a la Fiscalía, rechazarlo sin más, pedir un informe a la Abogacía y aceptar el aval- se ha orientado hacia una de las posiciones más favorables para la conselleria de Economia. Y en la práctica, era políticamente hablando incluso la mejor, una vez descartada la aceptación, imposible habida cuenta la actitud demostrada hasta la fecha. El Tribunal de Cuentas envía la pelota directamente a la Moncloa, lo que obliga a que Pedro Sánchez acabe mojándose después de que el gobierno español haya tratado de hacerse el despistado. El hecho de que la Abogacía esté integrada en el Ministerio de Justicia, con nivel orgánico de subsecretaría, la convierte, de hecho, en un órgano jerárquicamente dependiente del gobierno. Con las lecturas que se pueden hacer.

El conseller Jaume Giró puede respirar un poco más tranquilo después de las turbulencias de la pasada semana en el Institut Català de Finances (ICF), donde el aval salió con no pocas dificultades y un comportamiento sorprendente y preocupante de los miembros independientes que salieron corriendo o se posicionaron en contra en un injustificado ataque de pánico. Cabe esperar, además, que este jueves el Consell de Garanties Estatutàries valide las líneas generales del decreto que aprobó el Govern y la luz se empiece a ver con mayor claridad.

Veremos qué desea hacer Pedro Sánchez con una decisión aparentemente sencilla ya que no dejaría de ser una circunstancia política de enorme calado que la Abogacía del Estado se posicionara en contra con argumentos que costaría de entender. Pero como en politica se ha visto ya casi todo y el impulso para oponerse a las iniciativas de la Generalitat está a la orden del día, mejor no apresurarse y esperar a saber qué acaba haciendo.