Con el anuncio del president Salvador Illa de ampliación del aeropuerto de El Prat, para garantizar vuelos intercontinentales de fuselaje amplio, el Govern de la Generalitat cumple una de sus promesas electorales y pone punto y final a un debate ideológico entre derecha e izquierda que ha encorsetado el crecimiento de una infraestructura vital en los últimos años. La propuesta de Illa consiste en ampliar 500 metros la pista mar, con una obra que estará terminada en el 2033 y un presupuesto de 3.200 millones, sorteando la complejidad medioambiental de La Ricarda, un humedal mediterráneo costero muy cercano al aeropuerto de Barcelona-El Prat y del que han hecho bandera la izquierda alternativa y los grupos ecologistas. Con este anuncio, Illa da un golpe encima de la mesa, ya que la propuesta está muy mal vista por sus socios, Esquerra y Comuns, que quedan arrinconados en el cuadrilátero, y con una capacidad de maniobra cercana a la nada: ruido quizás sí, pero sin capacidad real de hacer cambiar al president de la Generalitat sus planes.

En condiciones normales, el apoyo a la ampliación de la tercera pista debería venirle al PSC de Junts y el PP, aunque fuera a regañadientes. Es lógico que cada partido político juegue su papel en función de si es gobierno u oposición, pero no hasta el extremo de ir en contra de sus propios principios. Porque, por ejemplo, si Xavier Trias hubiera sido alcalde de Barcelona después de ganar las municipales de 2023, la capital catalana habría estado a favor de la ampliación, igual que lo está ahora con el alcalde Jaume Collboni. Lo mismo hubiera pasado en un Govern presidido por Junts, ya que no hay que olvidar que ya en agosto de 2021, el entonces vicepresident y conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, selló incluso un acuerdo con el Ministerio de Transportes sobre la ampliación del aeropuerto y lo defendió alegando que era un proyecto necesario e importante para el país. Su empuje no fue suficiente y acabó embarrancando por la oposición de Esquerra Republicana, que tenía un hombre suyo en la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès. También estaba en contra la entonces alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, como también lo está la actual alcaldesa, Alba Bou, del mismo color ideológico. La posición definitiva de Aragonès acabó enterrando definitivamente el proyecto hasta ahora, que su sucesor le ha dado carta de naturaleza.

Este es un buen momento para volver a negociar la transferencia del aeropuerto de El Prat a la Generalitat

Aunque lo suyo sería centrar las críticas que va a haber a partir de ahora en base a temas objetivables, mucho me temo que se va a entrar en un argumentario mucho más efectista que realista. Al final, Esquerra Republicana va a tener que poner una vela a Dios y otra al diablo, ya que tiene una necesidad innegable de contentar a su base más de izquierdas, la que se solapa con los comunes y la izquierda del PSC, a la que ya le ha enviado el mensaje de que a Illa se le puede complicar la legislatura. Pero también quiere mantener las mejores relaciones con las patronales —Foment y la Pimec— o entidades como la Cambra de Comerç y la Fira de Barcelona, que han remado durante todos estos años, a veces con una gran incomprensión de las administraciones, para que el proyecto saliera adelante y no quedara olvidado en un cajón. La previsión, a partir de ahora, es tener el plan director preparado en el 2028, para empezar la ejecución del proyecto en 2030 y tenerlo todo terminado en 2033. Un plazo este, sin duda, que se alargará, pero lo importante era arrancar del punto cero en que estábamos desde hace años. La inversión de 3.200 millones de euros, que deberá asumir AENA, incluirá la remodelación de la Terminal-1, remodelación y mejoras en la T-2, alargamiento y mejoras asociadas a la pista del mar, salida rápida de la pista cruzada, y un nuevo edificio de la terminal satélite, que supondrá la construcción de un tren subterráneo para conectarla con la T-1.

Aunque AENA se opone rotundamente a la transferencia a la Generalitat del aeropuerto de El Prat, en una posición que no es ni mucho menos nueva y que ya estuvo a punto de hacer saltar por los aires el Estatut d'Autonomia mientras se discutía en las Cortes españolas en 2006, este es un buen momento para que políticamente se vuelva a intentar negociar. Ni mucho menos vincular una cosa a la otra, pero sí utilizar la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez para colocar el tema en la agenda de la legislatura de acuerdo con el proyecto de Estatut aprobado por el Parlament en 2005 y que sería recortado en el Congreso. Aquella ley del Parlament llevaba los votos del PSC y establecía en su artículo 140 que correspondía a la Generalitat la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras de transporte en Catalunya que no tengan la calificación legal de interés general. Esta competencia incluye, en todo caso "el régimen jurídico, la planificación y la gestión de todos los puertos y aeropuertos, instalaciones portuarias y aeroportuarias". Han pasado veinte años, pero no debería ser imposible que los socialistas catalanes siguieran estando allí donde estaban.