El proyecto para la ampliación del Aeropuerto Barcelona-El Prat que hoy ha anunciado el Govern tiene como objetivo recuperar la capacidad de 90 operaciones por hora para las que está autorizada a operar esta infraestructura, dado que las prestaciones actuales solo permiten alcanzar 80 operaciones/hora. Al mismo tiempo —y aquí se ha concentrado uno de los factores que ha frenado el proyecto durante años—, el objetivo es hacerlo minimizando las emisiones y el impacto ambiental. Asimismo, el proyecto se propone hacer compatible la actividad del aeropuerto con la del Port de Barcelona —y su futura ampliación— y potenciar la complementariedad con los aeropuertos de Girona y Reus, conectándolos por vía ferroviaria con la capital catalana.
El proyecto finalmente acordado entre el Govern de la Generalitat, el Ministerio de Transportes y AENA prevé, según explicó el president, Salvador Illa, el alargamiento de la pista mar hasta los 500 metros y descarta otras opciones técnicas que se habían puesto sobre la mesa como el alargamiento de la pista cruzada o un sistema de pistas paralelas. Esta ampliación tiene que permitir acoger vuelos intercontinentales estratégicos y recuperar la reivindicación catalana de hub intercontinental, que permita la incorporación de nuevas rutas hacia Asia, Norteamérica y Sudamérica, así como el reforzamiento y desestacionalización de las rutas existentes.
Con esta ampliación se tiene que conseguir la distancia de pista necesaria de 3.160 metros, gracias al aprovechamiento de las superficies de extremo de pista para la carrera de despegue de las aeronaves. Esta opción, además, tiene que permitir reducir el impacto acústico, dado que aleja el punto de despegue de los aviones con respecto a la población de Gavà y minimiza los despegues en la pista larga, que afectan a Castelldefels.
Impacto ambiental
La cuestión clave de esta ampliación ha sido desde el primer momento el impacto ambiental en el delta del Llobregat, que ha provocado las reticencias de los comuns, uno de los principales socios del Govern. Con el fin de minimizar y compensar este impacto, el proyecto prevé, "la adquisición, restauración y gestión de terrenos estratégicos para su renaturalización", con la creación de una "anilla verde que interconecte los espacios protegidos y agrícolas en torno al aeropuerto". Con ese objetivo se creará un Fondo Ambiental para la mejora de la calidad de los ecosistemas amenazados. Además, por cada área de espacio natural afectada por la ampliación se dedicarán 10 a su renaturalización y gestión, lo que equivaldrá a 280 hectáreas de nuevos terrenos.
El tema esencial en cuanto al impacto medioambiental era, sin embargo, el impacto sobre la Ricarda y el Remolar, los dos espacios protegidos que delimitan con el aeropuerto. Los expertos aseguran que han conseguido reducir en 60 metros la afectación en el Remolar, que no verá la laguna afectada, y en 80 metros la de la Ricarda, donde se prevé recortar 87 metros de pavimentación. Eso se traducirá en que el Remolar tendrá una RESA —área de seguridad del avión en caso de que se salga de la pista— de 240 metros vegetal, parcialmente pavimentada, con 60 metros de obra civil, mientras que la Ricarda tendrá una RESA de 240 metros vegetal, parcialmente pavimentada, con 60 metros de obra civil y 180 de área vegetal compactada.
Según el proyecto presentado este lunes, esta RESA se aprovechará para las maniobras de despegue de los aviones utilizando 60 metros de zona pavimentada del Remolar y 40 de la Ricarda. Esto debe permitir conseguir, junto a los 500 metros de ampliación anunciados por Illa, los 3.160 metros de pista que requiere el aeropuerto para alcanzar su máxima capacidad.
En el caso del espacio natural de la Ricarda, el proyecto propone una "reconfiguración" que, según se asegura, mantiene la superficie de lámina de agua y mejora su calidad, aunque comportará una ocupación directa de dos terceras partes de la laguna. En relación con la propuesta inicial, el proyecto que hoy se ha presentado reduce en 80 metros la afectación en esta área protegida.