Una comunicación de Aena a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha vuelto a poner este viernes de manifiesto la oposición de la sociedad que gestiona la mayoría de los aeropuertos españoles a que Catalunya forme parte del gobierno del aeropuerto de El Prat. La inflexible posición de Aena, comunicada a través de un hecho relevante a la CNMV, se ha producido después de que su tercer máximo accionista, el fondo inglés TCI, que cuenta con el 3,42% de la compañía, haya exigido una aclaración a la posibilidad de que las autonomías, empezando por Catalunya, se incorporen a la gobernanza como una medida de presión para intentar participar en el futuro aeroportuario. Ese no es un debate baladí, ya que todo lo relacionado con El Prat tiene una importancia capital. Ahí está el debate sobre su ampliación, que impulsa el Govern de Salvador Illa, y que no cuenta con el respaldo parlamentario de sus socios habituales, Esquerra Republicana y los comunes, pero que, en cambio, goza de la unanimidad de los sectores empresariales del país, desde Foment a Pimec, pasando por la Cambra o el Cercle d'Economia.

El pasado mes de junio, el PSC sumó sus votos en el Parlament a los de los diputados de Junts per Catalunya, Partido Popular y Vox para asegurar el apoyo de la cámara catalana a la ampliación del aeropuerto del Prat, con un total de 99 diputados de los 135 existentes. Es, por tanto, una mayoría amplia de más de dos tercios. Aunque ERC y los comunes están formalmente en contra, ninguno de los dos llevan su oposición más allá de las cuatro paredes del Parlament, sobre todo la formación que lidera Oriol Junqueras, también interesado en mantener un carril de relación con el empresariado catalán. Otra cosa es que en el debate político catalán se tienda a juntar la ampliación de El Prat, con la gobernanza del aeropuerto o incluso con la posibilidad de que  acabe siendo un hub de conexión internacional. Los tres temas ocupan desde hace años múltiples foros de opinión y se remonta su debate a la época final del president Jordi Pujol, alcanzando ya auge con el mandato en la Generalitat de José Montilla, que venía de ser ministro de Industria con José Luís Rodríguez Zapatero. Fue en 2007 cuando se convocó un acto empresarial en el IESE y se reclamó una gestión descentralizada del aeropuerto de El Prat para su conversión en un hub de vuelos intercontinentales, buscando así un mayor poder de decisión y capacidad estratégica para el aeropuerto de Barcelona. 

El debate de la gestión de El prat se abre de nuevo y el Gobierno español tiene mucho que decir

Ahora el debate de la gestión de El Prat y la política aeroportuaria, gobernanza o cogobernanza, —en el fondo las palabras hacen poco y lo importante es la capacidad de influencia en las decisiones—, se vuelve a abrir y el gobierno español tiene, lógicamente, algo que decir. Más bien mucho que decir, ya que el accionariado de Aena tiene como propietario mayoritario al Estado español, que posee un 51% de las acciones a través de ENAIRE, la entidad gestora del tráfico aéreo español. Para postre, es también quien designa al presidente de Aena a propuesta del ministerio de Fomento, cargo que en estos momentos ocupa el economista catalán Maurici Lucena desde julio de 2018, a las pocas semanas de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa en junio de ese año. Por ello, desde hace semanas, el gobierno español se ha implicado para encontrar una fórmula que permita dar cumplimiento a otro de los acuerdos de investidura de Salvador Illa suscrito con Esquerra, el que hace referencia a la creación de un sistema aeroportuario catalán.

Habida cuenta de que el debate de política general en el Parlament se celebrará los días 7, 8 y 9 del próximo mes de octubre parece evidente que después de la actitud adoptada por Aena lo más probable es que el tema se incorpore, al menos, a alguna de las resoluciones a debatir en la Cámara catalana. Un debate que este año se prevé complejo dadas las dificultades políticas en Madrid y en menor medida en Catalunya, pero que bloquean la aprobación de los presupuestos generales del Estado y de la Generalitat. En el caso de Sánchez, es difícil que encuentre agua para sacarlos adelante, ya que el bloqueo es hoy por hoy absoluto, con dos formaciones antagónicas estirando en extremos diferentes, Junts per Catalunya y Podemos. Mejor lo tiene el president Illa, que solo tiene que ponerse de acuerdo con Esquerra, aunque la losa de la financiación singular y la oposición de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue siendo un problema insalvable para que la propuesta del gobierno español sea aceptable para el partido de Junqueras.