La plantada de Begoña Gómez al no presentarse en el juzgado para que se le notificara que, si tenía que sentarse en el banquillo de los acusados por malversación, sería con jurado popular, es un innecesario acto de arrogancia. No porque esté obligada a ello, que no es así, ya que una circular de la fiscalía de 1995 avala que pueden acudir solo los abogados. Es un acto que acaba siendo más que un desplante, ya que, en función de su situación, esposa del presidente del Gobierno, se habían utilizado desde Moncloa todos los canales ante la jueza decana para que tuviera los privilegios que ha utilizado en otras ocasiones —cuatro veces— de poder acceder directamente por el párquing de los juzgados de la plaza de Castilla, en Madrid.

Es ese elemento el que es sobrante, ya que, si no piensas acudir, no es necesario que se monte todo el operativo como si lo fuera a hacer. ¿Qué ha sucedido entonces? Solo caben dos posibilidades, o bien ha sido una decisión de última hora o, por el contrario, se ha engañado a la jueza decana. El hecho de que el matrimonio Sánchez-Gómez considere que el juez Juan Carlos Peinado se está extralimitando en todo el procedimiento judicial tampoco la habilita para un acto de esta naturaleza. De hecho, es impensable que un abogado en ejercicio, de aquellos que se patean con mucha regularidad los juzgados, hubiera realizado una acción similar. Entre otras cosas, porque después tiene que seguir acudiendo a los juzgados con otro tipo de defendidos y el pollo organizado es del todo innecesario.

Todo ello ha sucedido en la misma semana en que el juez Peinado ha comunicado que, si el caso por malversación de Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, acababa en juicio, sería con un jurado popular. Este hecho ha caído como una auténtica bomba de relojería en la estructura socialista y en el palacio de la Moncloa, donde, al parecer, el abogado Antonio Camacho no contemplaba este escenario. Camacho, fiscal y exministro socialista durante unos meses en 2011, tiene que lidiar con los socialistas de Ferraz, que están más que preocupados porque no se hubiera evaluado con mayor rigurosidad que el delito de malversación es uno de los que podía ser juzgado por un jurado popular.

Aunque tanto Moncloa como el PSOE propagan a los cuatro vientos que lo que existe es una persecución de la justicia contra Pedro Sánchez, los socialistas no han conseguido que ello cuaje más allá de sus propias filas y también de algunos sectores a su izquierda. Del todo insuficiente para convencer a la mayoría de investidura de que una respuesta contundente como, por ejemplo, la aprobación de unos presupuestos rompe la cadena y con dos años por delante se pueden intentar cambiar muchas cosas, empezando por la justicia. El crédito de Sánchez es tan bajo y sus incumplimientos, tantos que ni Junts ni Podemos, desde posiciones diferentes, van a facilitarle las cosas. De hecho, el partido del president Carles Puigdemont ya está en modo ruptura y tan solo es una cuestión de tiempo.