Con la entrada en prisión de seis excargos de la Junta de Andalucía —entre ellos, un exconsejero de Innovación y dos altos cargos más este mismo lunes—, los principales condenados del caso de los ERE han ingresado en la cárcel a expensas de que lo haga el expresidente del gobierno andaluz José Antonio Griñán, sobre quien recae una pena de seis años de prisión por malversación y prevaricación y de inhabilitación absoluta durante 15 años de cuando ocupó la cartera de Economía y Hacienda entre los años 2004 y 2009. Quien también fue presidente de la Junta andaluza y del PSOE, Manuel Chaves, ha esquivado la prisión al ser condenado exclusivamente a 9 años de inhabilitación.

Seguramente, es el caso de los ERE el más escandaloso de corrupción de la democracia española. Durante una década, se ha podido documentar que funcionó en la administración gobernada por los socialistas un sistema fraudulento de subvenciones sociolaborales ajeno a cualquier tipo de control fiscal y a través del cual fueron concedidos 680 millones de euros. Para ello, se modificaron partidas presupuestarias y así se consiguió eludir cualquier tipo de control.

Aunque la Audiencia de Sevilla emitió sentencia en noviembre de 2019 y el Tribunal Supremo ratificó la condena en septiembre de 2022, Griñán ha conseguido sortear la prisión. Cuando ya parecía que no le quedaban movimientos a realizar, ha alegado que sufría un cáncer de próstata y ahora se está a la espera de la decisión de un forense que deberá estudiar la documentación médica aportada. También que le examine para determinar si está en condiciones de entrar o no en la prisión, porque el expresidente alega que la enfermedad que tiene no puede ser tratada en el centro penitenciario. Otro exconsejero enfermo también ha eludido hasta la fecha su ingreso en la cárcel.

En cualquier caso, si primero hubo un movimiento político entre los socialistas para precipitar un indulto que le permitiera esquivar la prisión, ahora hay otro de humanitario también protagonizado por los mismos. No deja de llamar la atención tanta humanidad sobrevenida cuando se trata de políticos de tu mismo partido. En estos casos, no es humanidad, es interés partidista. Legítimo, pero interés. Tampoco es justicia, como propaga Susana Díaz, también expresidenta de la Junta de Andalucía.

Humanidad y justicia hubiera sido empatizar con el exilio y la prisión de los dirigentes independentistas catalanes, por ejemplo. Humanidad porque aquella sentencia sí que fue una atrocidad jurídica y los dirigentes que tomaron el camino del exilio ya han pasado seis Navidades lejos de los suyos. Y justicia porque, a diferencia del fraude de los ERE que los tribunales evaluaron en 680 millones de euros, en el proceso independentista no se desvió dinero alguno con partidas camufladas para eludir los controles de la intervención del Estado, como reconoció en su día, incluso, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.