Siempre se había dicho que en política jugar con la ambigüedad cuando se alcanzaba un acuerdo era una manera de ir avanzando, ya que, en algún momento, se podría llegar a hacer la mejor interpretación posible. Más allá de que esa máxima política pertenece a otros tiempos, la realidad nos ha acercado peligrosamente a lo contrario, al menos en el caso de Catalunya, no solo en estos últimos cinco años, los que van desde el referéndum del 1-O y el juicio del procés del Tribunal Supremo. Viene ya de lejos, al menos desde la mayoría absoluta de Aznar, en el año 2000, que la ambigüedad legislativa ha jugado en único bando y los perjudicados siempre han estado a 600 kilómetros de Madrid.

De los cientos de declaraciones de políticos, articulistas, comentaristas, catedráticos acreditados, profesionales del derecho, fiscales y jueces que se han producido estas últimas horas solo hay un denominador común a la hora de analizar la supresión del delito de sedición en el Código Penal y su sustitución por un delito de desórdenes públicos agravados: cada uno interpreta como quiere o como le interesa, lo valora como le parece y todos ellos llegan a muy diferentes conclusiones. A ustedes, seguramente, les habrá pasado una cosa similar y su estado de ánimo habrá ido cambiando a medida que se quería informar más sobre el cambio legislativo.

Si además sabemos que quienes van a tener que aplicarlo en el futuro cuando salga de su aprobación en las Cortes van a ser los jueces, y en los casos de mayor trascendencia la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, es normal que haya quien esté intranquilo. Yo puedo ser fácilmente uno de ellos cuando he visto a amigos míos tener que ir a la prisión acusados injustamente de rebelión y acabar condenados por sedición y malversación e inhabilitados durante muchos años en un intento de propiciar una muerte civil en vida. También he visto cómo se intentaba extraditar a los exiliados, y suerte han tenido de las justicias de diferentes países europeos para que las euroórdenes no cumplieran su objetivo y ya estuvieran en una prisión española.

Los que no han hablado son los que tienen más a decir, los jueces de la Sala Tercera del Supremo y los fiscales del mismo tribunal. En todo caso, hemos sabido alguna cosa a través de periodistas que suelen tener buena información de lo que se cuece en el entorno de Manuel Marchena o del fiscal Zaragoza. Y es ahí donde pueden surgir nuevos riesgos por la vía de la rebelión, una vez se ha eliminado el delito de sedición. Solo hace falta recordar que la fiscalía del Supremo mantuvo en su escrito de conclusiones del juicio del Supremo la rebelión, aunque el Supremo consideró que el delito era de sedición. Con esos mimbres y las penas de delitos públicos agravados no es extraño el guirigay de opiniones cruzadas.