Los países de la Unión Europea empezarán a intercambiar información fiscal de compañías multinacionales después de que los ministros de Finanzas de la UE hayan dado apoyo a una nueva normativa que impide que las grandes empresas evadan impuestos corporativos, según estima el Parlamento Europeo. Esta iniciativa que entrará en vigor a finales de año, responde a una preocupación cada vez más creciente que repercute y mucho en las arcas públicas, concretamente con un coste de 70.000 millones para la UE.

"Hoy hemos alcanzado un acuerdo político sobre cooperación entre administraciones tributarias", aseguraba el ministro de Finanzas holandés, Jeroen Dijsselbloem, que ha presidido la reunión de ministros de la UE en Bruselas, a la cual también ha asistido el ministro de Economía en funciones, Luis De Guindos. Más allá de las directrices internacionales del anti-BEPS (Erosión de la Base Tributaria y Deslocalización de Beneficios) acordados por el G-20, la nueva normativa obligará en las grandes empresas a revelar datos sobre ingresos, beneficios e impuestos a las administraciones de todos los países de la UE donde llevan a cabo operaciones. Se trata de una información que afectará también a las multinacionales extranjeras con filial en la Unión Europea y que podrá ser intercambiada libremente por los 28 Estados miembros.

Ahora bien, más información a menudo implica también más costes. Eso es precisamente el que más preocupa a un reducido grupo de Estados europeos impulsados por Alemania, que considera que esta iniciativa puede asustar a los inversores extranjeros. A pesar de estas reticencias, el comisario europeo Pierre Moscovici está considerando promover cláusulas todavía más atrevidas durante las próximas semanas, como por ejemplo, que los datos de los impuestos de sociedades no sean exclusivos para las administraciones estatales sino también para el público en general. Antes de eso, hará falta que la nueva normativa se apruebe de forma unánime a los 28 Estados miembros de la UE y se adopte formalmente en junio.

La implementación del Euro durante los primeros compases del 2000 evidenciaron la prueba definitiva de la unión monetaria y con esta nueva medida se pretende dar un paso más hacia la unión fiscal después del pacto fiscal europeo y su regla de oro de control del déficit estructural. Queda por ver si el intercambio de información es capaz de compensar la todavía diversidad fiscal propia de la UE, una unión de muchos países con diferentes políticas de regulación impositiva.