La estrategia de recentralización con la excusa de la crisis del coronavirus también ha llegado al Parlamento Europeo. Entre las medidas extraordinarias ante la Covid-19, el 15 de mayo la cámara recomendó la transferencia a los estados de un mayor poder sobre los puertos para "garantizar el cobro de las tasas portuarias". La decisión facilita al gobierno español decidir rebajas, exenciones o incrementos de las tasas de los puertos, también los transferidos a las comunidades autónomas. En el caso de Catalunya, se trataría de todos los puertos excepto el de Barcelona y el de Tarragona, que ya están en manios de la Administración del Estado.

A la propuesta, basada en la flexibilización de las tasas portuarias, votaron en contra el partido de los Verds-ALE en bloque, pero de este grupo se desmarcó Ernest Urtasun, de Catalunya en Comú Podem, alineándose con el S&D, PPE y Renew, de los cuales forman parte el PSOE, el PP y Cs en Europa, que votaron a favor de este artículo recentralizador.

Los Verdes habían presentado una enmienda en sentido federal, al considerar que las autoridades locales o regionales están mejor capacitadas para decidir de manera eficiente sobre las tasas de los puertos de su territorio. Los tres eurodiputados de Junts per Catalunya (Puigdemont, Comín y Ponsatí) también votaron en este sentido, igual que Diana Riba (ERC). Fuentes del grupo independentista en Bruselas han explicado a ElNacional.cat que "es una muestra significativa de cómo el PSOE se aprovecha de la situación para recentralizar poderes".

Por parte de Urtasun, según ha explicado a ElNacional.cat un portavoz, la razón de desmarcarse de su grupo "no va en la dirección del elemento competencial, sino en la existencia de las tasas". "El grupo de los Verdes votó en contra porque no esta de acuerdo (independientemente de quién lo gestione) en mantener puertos que no sean financieramente viables, pero según nuestra opinión, hay muchos puertos del sur de Europa que pueden tener problemas de viabilidad a causa de la Covid-19 pero que son estratégicos" y tienen que poder sostenerse.

El texto en cuestión considera que el transporte marítimo está afectado por la pandemia y que "la exención, la suspensión, la reducción o el aplazamiento del pago de tasas por infraestructuras portuarias podría contribuir a la sostenibilidad financiera de los operadores de los puertos". Al mismo tiempo, el texto asegura que "no tiene que interferir en la organización portuaria de los estados miembros. Los estados, por lo tanto, tienen que seguir siendo competentes para regular la adopción de estas decisiones por el organismo gestor del puerto o por la autoridad competente. [...] Los estados miembros podrán decidir que tales decisiones respetarán los requisitos establecidos a tal efecto en el derecho nacional".

La comisión expone que "los estados miembros podrán autorizar al organismo gestor del puerto o la autoridad competente a no cobrar, a suspender o a reducir las tasas para infraestructuras portuarias correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de marzo del 2020 y el 31 de diciembre del 2020, o a emplear el pago". De esta manera, se permite la centralización de la mayor parte de decisión clave en encima la gestión de los puertos, dejando en manos del Estado las tasas portuarias, cosa que puede comportar desventajas competitivas por aquellos puertos que hasta ahora decidían por ellos mismos.

Al mismo tiempo, una de las premisas que el texto contempla es que "para cualquier cambio que se tuviera que hacer, más allá de los elementos de flexibilidad, es que fuera obligatorio que estuviera la intervención de la Comisión Europea". De esta manera, los comunes justifican su voto al considerar que se trata de salvar las infraestructuras portuarias "más allá del órgano competencial".