Libre. El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón ha levantado la imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en el caso Villarejo. Se lo investigaba por presuntos encargos ilegales que hizo la compañía eléctrica al excomisario José Manuel Villarejo, pero García Castellón ha estimado ahora que los hechos con los cuales se le vinculaba han prescrito. En un auto de este jueves, el titular del juzgado central de instrucción número 6 ha atendido la petición de la defensa de Sánchez Galán y ha considerado prescritos los delitos por los cuales se lo investigaba: soborno activo continuado; delito contra la intimidad, y delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular.
El instructor expone que la supuesta participación del presidente de Iberdrola en los hechos investigados "comprendería un periodo temporal que llegaría hasta el año 2009" y fue imputado en el 2021, de manera que el plazo de prescripción de diez años se habría superado. "No habría más opción que declarar la presencia de esta circunstancia extintiva de la responsabilidad y, con eso, decretar el sobreseimiento libre" para Sánchez Galán, concluye. De hecho, el magistrado incide en el hecho que "la contundencia" de la resolución dictada el pasado 3 de junio por la sala de lo penal, que archivó la causa para el ex jefe de gabinete de Sánchez Galán Rafael Orbegozo, apreciando de oficio la prescripción de los delitos que se lo imputaban, "no deja margen de actuación".
Los diferentes proyectos
El juez investiga en la pieza separada, en la cual Iberdrola Renovables figura como imputada, la contratación al excomisario por un millón de euros entre el 2004 y el 2012 por , entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar un accionista crítico con su gestión. Sánchez Galán pidió recientemente por segunda vez que se lo apartara de la investigación, tal como había pasado con Orbegozo.
García Castellón recuerda que el presidente de Iberdrola únicamente estaba investigado por los proyectos Arrow, desarrollado entre el 2004 y 2006; Black Board o BB (2004 y 2005); y Gipsy y Posy (2009). Arrow tenía como objetivo eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz), mientras que la tarea de Villarejo en BB era conseguir información comprometida sobre Manuel Pizarro, quien fue presidente de Endesa (rival de Iberdrola en el sector eléctrico). Con Gipsy el grupo empresarial de Villarejo, CENYT, tenía que investigar al directivo de Iberdrola José María Álvarez y el proveedor Francisco Julián Gutiérrez, para sospechar que podía interceder el pago de comisiones ilegales. Y con Posy las investigaciones del comisario se extendieron a la vinculación de Álvarez con el presidente de ACS, Florentino Pérez.
Archivo para dos exdirectivos
Aplicando el mismo razonamiento, García Castellón también ha archivado las investigaciones de los exdirectivos de Iberdrola José Luis San Pedro y Juan Carlos Rebollo, a los cuales investigaba por un delito de soborno y otro de coacciones contra el exdirectivo José Antonio del Olmo. El instructor ha apreciado también que el delito de soborno ha prescrito porque en San Pedro y Rebollo solo se les relacionaba con Arrow, que concluyó en el 2006 y ambos fueron imputados en el 2020, de manera que se excedió el plazo de diez años. En el caso del delito de coacciones contra Del Olmo, aclara que no estaría prescrito. Sin embargo, ya no podía seguir investigándolo la Audiencia Nacional porque había caído el otro. Así pues, ha acordado que se remita esta parte de la causa en el juzgado que sea competente.
Finalmente, el pasado 10 de junio García Castellón rechazó por "desproporcionada" la petición de Florentino Pérez de imputar Iberdrola como persona jurídica en esta causa, donde sí que figura como investigada su filial de renovables. El juez argumentaba que la imputación resultaría "no solo infundada, sino desproporcionada, y podría conducir a una eventual responsabilidad objetiva, exigir en la matriz controlar todas las actuaciones de su filial para tratar de evitar la comisión de delitos cuando se trata de una actuación propia y exclusiva de la sociedad filial".