La 'tasa Google' que el gobierno de Pedro Sánchez lleva anunciando desde que subió a la presidencia se empieza a materializar. La ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, ha adelantado hoy que el impuesto que tasará las grandes tecnológicas será un tipo del 3% sobre los ingresos por publicidad, venta de datos y transacciones entre particulares y comercio.

En este sentido, pues, el impuesto digital -denominado 'tasa Google' - irá dirigido al negocio de la compra, el hostelería y de algunos transportes, y afectará a las compañías con una facturación superior a los 750 millones de euros por todo el mundo y 3 millones en España, según ha explicado la ministra. Así pues, este gravamen se tramitará como una proposición de ley para tratarse de un impuesto nuevo, hecho por el cual el ministerio de Hacienda busca apoyo de otras fuerzas políticas.

¿Qué es la tasa Google?

Se le dice tasa Google como una metonimia por el hecho de que es un impuesto a las empresas tecnológicas. Un impuesto que ya fue muy polémico cuando lo propuso el gobierno de Rajoy con la idea de "pagar parte de las pensiones", pero que Pedro Sánchez mantiene a la lista de sus intenciones. El actual presidente español asegura que con este impuesto se acabará aquello que "las tecnológicas no pagan impuestos" y se podrá medir su impacto real en la economía. 

Según algunos expertos, como el director general de l'Institut d'Estudis Financers (IEF), Josep Soler, las tecnológicas "lo tienen muy fácil para trasladar determinadas ganancias a otros países", ya que sus productos son inmateriales, por lo que un impuesto a las tecnológicas puede llegar a ser un problema. Si se homogeneizara y se introdujera este impuesto "en toda Europa, sería mucho más fácil", argumenta Soler, sin embargo "si no se hace así, supone un gran freno a empresas muy atractivas" para nuestra economía.

De hecho, este fue un impuesto propuesto por Bruselas, que se planteaba como un impuesto indirecto de carácter temporal para tasar los servicios digitales en un 3% a empresas como Google, Amazon y Apple, entre otros, para evitar la evasión de impuestos. Se trata, pues, de un impuesto para obligar a que paguen al fisco actividades que actualmente escapan de Hacienda. El gobierno de Rajoy, sin embargo, hizo su propia lectura e introdujo este impuesto -antes de que se hubiera creado- en el Plan de Estabilidad 2019-2020 que presentó en Bruselas como "una de las medidas que ayudaría a pagar las pensiones", cosa que no gustó a la Comisión Europea.

Otros impuestos

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado, Montero ha seguido perfilando los cambios impositivos que recogerá el futuro proyecto presupuestario de 2019, aunque ha subrayado que no se puede dar por definitivo ninguno de los aspectos" porque todavía se siguen negociando.

Ha defendido la puesta en marcha de una tasa a las transacciones financieras, todavía que sin descartar un futuro impuesto en la banca en función de la evolución de la recaudación en 2019. El proyecto presupuestario incorporará un tipo efectivo mínimo para grandes empresas del 15%, y el 18% para la banca y petroleras. Se ha mostrado partidaria de que, como pasa en Francia, se tribute en España el 5% de los dividendos de las filiales del extranjero de las empresas españolas, ahora exentos en aplicación de los convenios de doble imposición.

Por otra parte, Hacienda también estudia que las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) vuelvan a estar bajo el control de la Agencia Tributaria, en lugar de bajo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para evitar que sean "opacas al fisco".

Además, Montero ha abogado para homogeneizar la tributación por sucesiones y donaciones, con el objetivo de evitar el "dumping fiscal" entre comunidades autónomas. También ha avanzado que el ministerio trabaja en la nueva Ley de prevención y lucha contra el fraude para simplificar la compleja arquitectura fiscal alrededor de entramados societarios y patrimoniales, a la vez que la Agencia Tributaria centrará también sus esfuerzos en las áreas con más fraude.

"El Gobierno tiene la obligación de ir simplificando para los que quieren ser honestos pero se los hace complicado", ha dicho, después de recordar que la publicación de la lista de morosos tendrá un efecto disuasorio.

Un "gran acuerdo" con Podemos, más próximo

Montero también ha asegurado que está a punto de cerrar un "gran acuerdo" con Podemos para mejorar la financiación de las comunidades autónomas y paliar la insuficiencia de recursos, y ha recordado su propuesta que fuera a través del IVA o de los impuestos especiales o bien con otras combinaciones.

Otra cuestión es modificar los criterios para el reparto de estos recursos, que -en su opinión- se tiene que tener en cuenta no sólo la población sino también el PIB de cada región, sus niveles de pobreza, de paro o la insularidad.

La ministra ha pedido al PDeCAT que deje en el margen las ideologías para dar apoyo unas cuentas que apuestan para mejorar la calidad de vida de los catalanes, sean o no independentistas, a la vez que le ha reprochado al PP que sea la "la otra cara del señor (presidente de la Generalitat, Quim Torra) "al contribuir a elevar la crispación en este país".

Rebaja del IVA al 4% para la higiene femenina

La ministra ha reiterado que se bajará el IVA a los productos de higiene íntima femenina, del 10% al 4%, y ha adelantado que se trabaja en el IVA veterinario, que ahora tiene el tipo general del 21%. "La intención del gobierno de España, animado por muchas asociaciones y colectivos feministas, es que estos bienes tributen al tipo súper reducido del 4%", ha afirmado antes de recordar que son productos que se consumen de manera obligada "por la condición de género" y hay que evitar" discriminación en relación "a la tributación".

Montero sitúa la medida dentro de un paquete de iniciativas que tienen que formar parte de un "nuevo modelo fiscal" para "blindar el Estado del bienestar" y que habrá que incluir a los presupuestos generales del Estado para el 2019, y que también incluirá, entre otros, un endurecimiento de los impuestos que pagan las plataformas de economía colaborativa como Airbnb y Uber.