España es el país de la Unión Europea (UE) con más expedientes de infracción abiertos por deficiencias en la aprobación de normas relacionadas con el mercado único, según consta en un informe publicado este lunes por la Comisión Europea (CE). El último Cuadro de Indicadores del Mercado Único apunta que España tiene 58 procedimientos de infracción abiertos, uno más que en el informe anterior y la mayor cifra del bloque, que es el doble de la media europea, de 31 casos.

Los sectores más "problemáticos" en el caso de España son los de medio ambiente con 19 expedientes, la mayoría relacionados con la protección y gestión del agua, transporte con once casos en total e imposición directa con siete procedimientos. La duración de estos expedientes antes de ser remitidos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha ampliado hasta una media de 46 meses, lo que supone el promedio de duración más largo jamás registrado por España.

Bruselas señala también que la duración media de los expedientes a España se ha más que duplicado desde diciembre de 2015 y casi la mitad de los procedimientos "se han prolongado durante un periodo largo de tiempo". Pone el ejemplo de un procedimiento de infracción sobre transporte aéreo con una duración de casi 16 años, otro sobre contaminación atmosférica que tiene 12 años y otros 20 casos que oscilan entre los 3 y los 10 años.

Normativas no aprobadas...

Otro indicador del informe es el porcentaje de todas las directivas sobre mercado único que todavía no han sido aprobadas a nivel nacional aunque el periodo de transposición haya finalizado. En el estudio para 2020, este dato creció en España ocho décimas y se situó en el 1,9%, lo que supone que el país forma parte de los tres Estados miembros con mayor "déficit de transposición".

El Ejecutivo comunitario explica que España solo ha transpuesto 8 de las 17 directivas relacionadas con el mercado único que debían ser aprobadas entre junio y noviembre de 2020, algo que "muestra que España podría tener algunas dificultades para supervisar la transposición a tiempo de las normativas".

En total, España tiene 20 directivas "atrasadas", cinco de ellas sobre medio ambiente y 4 sobre fiscalidad, aunque el retraso medio se ha reducido a la mitad y es de 8,8 meses. Una de estas normativas que deberían haber sido ya aprobadas a nivel nacional es la directiva sobre normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, que acumula un retraso de más de dos años.