Como ya se había adelantado, el Gobierno ha aprobado dos nuevos impuestos. En el Consejo de Ministros de este martes, el ejecutivo ha dado luz verde, en primer lugar, a la conocida cono a Tasa Google, que grava los servicios digitales pero que no empezará a cobrar hasta el mes de diciembre. En segundo lugar, ha validado la Tasa Tobin, que grava las transacciones financieras. El acuerdo de gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contemplaba los dos impuestos. Los dos proyectos ya fueron aprobados ahora hace un año, pero el final precipitado de la legislatura lo frenó todo. Antes de entrar en vigor deberán pasar el trámite legislativo parlamentario.

Con la Tasa Google, el Gobierno espera recaudar unos 960 millones de euros. Conocido formalmente como Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, gravará las empresas con unos ingresos anuales de al menos 750 millones de euros y que ingresen a partir de los tres millones en el Estado español. Aunque finalmente no se empezará a recaudar hasta diciembre, la liquidación será trimestral y tendrá un tipo impositivo del 3% sobre los servicios de publicidad online, los servicios de intermediación en línea y la venta de datos y metadatos. El Gobierno considera que hay grandes empresas internacionales que escapan el marco fiscal y entran en una situación de competencia desleal con pequeñas empresas. Justifican el aplazamiento hasta diciembe para dar "margen para conseguir un acuerdo internacional" y al mismo tiempo para que las empresas "puedan adaptarse" al nuevo impuesto.

Por otra parte, con la Tasa Tobin, La Moncloa prevé recaudar unos 850 millones de euros, que se destinarán a financiar las pensiones y la Seguridad Social. El Impuesto sobre las Transacciones Financieras gravará con un 0,2% las operaciones de compras de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Sólo afectará a las operaciones de acciones emitidas por empresas cotizadas y con una capitalización bursátil de al menos 1.000 millones de euros. Quedarán excluidas las empresas no cotizadas. El sujeto del impuesto será el intermediario, que tendrá que presentar una declaración anual. Desde Hacienda recuerdan que, durante la crisis, el poder público ya ayudó al sector financiero, y que ahora toca devolverlo.

“España no puede permitirse tener un sistema tributario anclado en el pasado”, ha asegurado la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo. “No podemos pretender tener un Estado del bienestar moderno si tenemos un modelo tributario caduco”, ha insistido.

Despido por baja

En paralelo, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la derogación del artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores, fruto de la reforma laboral del PP, que permite a las empresas despedir de manera objetiva por acumulación de bajas médicas intermitentes, aunque estas estén justificadas. Este precepto avala el despido de un trabajador que falte un 20% de jornadas hábiles en dos meses seguidos, si ha faltado el 5% de las jornadas del último año.