El Gobierno ha alcanzado un principio de acuerdo con los agentes sociales para alargar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) derivados de la crisis sanitaria y de la suspensión de determinadas actividades durante al estado de alarma por el coronavirus.
El texto del preacuerdo, que podría sufrir modificaciones de última hora para conseguir el sí definitivo de la patronal, contempla extender hasta el 30 de junio de este año los ERTE de fuerza mayor derivados del coronavirus, ya sea por fuerza mayor total (sin reinicio de la actividad) o parcial (recuperación de una parte de la actividad). No obstante, por acuerdo del consejo de ministros, se podrán prorrogar estos ERTE "en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio".
Subsidio de paro
El texto, al que ha tenido acceso Europa Press y que está elaborado en forma de real decreto ley, contempla que las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTE (que se conceden sin necesidad de cumplir el periodo de carencia) se mantendrán hasta el 30 de junio, salvo las de los fijos discontinuos, que serán de aplicación hasta el 31 de diciembre.
De acuerdo con este borrador del preacuerdo, que será sometido este viernes a la consideración de los órganos de dirección de las organizaciones sindicales y empresariales, a partir del desconfinamiento se facilitará la transición de ERTE de fuerza mayor a ERTE por causas organizativas, técnicas, económicas o de producción y se permitirá que estos últimos se tramiten mientras estén vigentes los primeros.
Despido
Uno de los principales caballos de batalla de esta negociación sobre los ERTE ha sido la cláusula de mantenimiento del empleo asociada a los mismos. La regulación de mediados de marzo vinculaba las ventajas de los ERTE derivados de la Covid-19 a que las empresas mantuvieran el empleo durante seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, una exigencia a la que la CEOE se opone y de la que dependerá su sí definitivo al acuerdo.
En el texto, que podría cambiar a lo largo de este viernes, se flexibiliza esta cláusula, aunque no desaparece. Se especifica que este cómputo de seis meses empezará a contar desde la incorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el ERTE, aun cuando éste sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.
Este compromiso de mantenimiento del empleo se considerará incumplido si se despide a cualquier trabajador afectado por el ERTE, aunque con excepciones (despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, jubilación, incapacidad total, absoluta o gran invalidez y extinción de un contrato temporal por finalización de su vigencia o por el fin de la obra o servicio contratado). En el caso de incumplimiento de esta cláusula, las empresas deberán devolver todas las cuotas de las que fueron exoneradas, con recargo e intereses de demora.
Ahora bien, en el texto se especifica que este compromiso de mantener el empleo seis meses después de reanudar la actividad no será de aplicación a aquellas empresas que tengan riesgo de entrar en concurso de acreedores.
Aprobación
Este preacuerdo tendrá que ser ratificado por las distintas organizaciones, tanto sindicales como empresariales. Si dan el visto bueno al acuerdo durante esta mañana, no es descartable que esta norma se apruebe en el consejo de ministros extraordinario que se celebra este viernes para dar luz verde a la prórroga del estado de alarma.