La patronal Foment del Treball, liderada por Josep Sánchez Llibre, considera que "el confinamiento total" que pide al presidente de Catalunya, Quim Torra, y que también han pedido otras comunidades autónomas, "no es una medida proporcionada en la actual situación de crisis sanitaria y de colapso económico, y puede ser contraproducente desde las dos perspectivas".

En este sentido, a pesar de las críticas en el plan de Sánchez por parte de la patronal la semana anterior, Sánchez Llibre considera que "las actuales medidas decretadas por parte del gobierno de España son suficientemente restrictivas" y asegura que "aumentarlas pondría más en riesgo la recuperación económica después de la pandemia". Al mismo tiempo, critica que "decir que el confinamiento total prioriza la salud fachada la economía es un planteamiento de maniqueo", dice, porque "no respeta el principio de proporcionalidad y no tiene en cuenta que sin el mantenimiento y posterior recuperación del nivel de la actividad económica muchas familias quedarán expuestas a problemas de subsistencia".

Con todo, desde la patronal -y en la línea de lo que explicaba la vicepresidenta Nadia Calviño este mediodía- aseveran que "actualmente sólo están funcionando, además de los que operan con teletrabajo, las empresas y servicios que garantizan los servicios básico alimentarios, energéticos, transporte de mercancías, telecomunicaciones, farmacéuticas y sanitarios, así como las empresas de suministros y servicios que garantizan el funcionamiento de las anteriores".

En este sentido, dice, "el cierre total tendría todavía más un fuerte impacto en el empleo con más pérdidas de puestos de trabajo" y considera que "el confinamiento total podría comprometer el buen funcionamiento de los servicios esenciales e incluso de los estrictamente sanitarios". Finalmente, la patronal cree que el confinamiento total se podría sustituir por "la adopción de todas las medidas de protección necesarias para evitar los contagios y garantizar la salud de los trabajadores".

De todos modos, y a pesar del confinamiento parcial, ya son más de 26.000 las empresas catalanas que se han visto obligadas a presentar Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE), y son más de 200.000 el número de trabajadores afectados.

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